Abogado experto advierte sobre riesgos de decreto que trasladaría $25 billones a Colpensiones
El proyecto de decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca el traslado exprés de al menos 25 billones de pesos del ahorro pensional desde los fondos privados hacia Colpensiones, ha encendido las alarmas en el país. Según el abogado Juan David Riveros, experto en derecho penal y empresarial, esta medida no solo desconoce abiertamente lo ordenado por la reforma pensional, sino que también representa un grave riesgo de que esos recursos se conviertan en un nuevo bolsillo para el Ejecutivo, en detrimento del ahorro para la jubilación de los colombianos.
Violación de normas y consecuencias legales
En entrevista exclusiva, Riveros señaló que el borrador de decreto va en contravía de la Ley 100 de 1993, que sigue vigente, y de la reforma pensional actualmente en estudio por la Corte Constitucional. "Este decreto excede las facultades reglamentarias del Gobierno porque va en contra no solo de normas superiores como la Constitución, sino de normas legales que debería respetar", afirmó el abogado, quien ha sido consultado por Asofondos.
Riveros explicó que la reforma pensional abre una ventana de movilidad temporal que permite a personas afiliadas a fondos privados trasladarse a Colpensiones, pero establece que los dineros en los fondos privados seguirán siendo administrados por esos fondos hasta que la persona alcance la edad de pensión. El decreto desconoce esto al forzar el envío inmediato de los recursos a Colpensiones, lo que, según el experto, generaría un detrimento patrimonial al liquidar inversiones de largo plazo anticipadamente.
Consecuencias para los afiliados y el sistema
El abogado alertó que liquidar 25 billones de pesos en inversiones, principalmente de deuda pública, en un plazo de apenas 15 días sería "irresponsable e ilegal". Esto golpearía el patrimonio de los fondos y afectaría el ahorro de todos los colombianos, ya que los recursos podrían destinarse a cubrir necesidades de tesorería de Colpensiones en lugar de su fin original: pagar mesadas pensionales.
"Se está cogiendo un ahorro que está en los fondos para volverlo dinero de tesorería de Colpensiones, que no es para lo que está en los fondos", afirmó Riveros, quien también mencionó que esta maniobra podría responder a una coyuntura electoral, aunque cualquier hipótesis es válida.
Responsabilidades legales y acciones posibles
Riveros detalló que los funcionarios que firmen o promuevan el decreto podrían enfrentar responsabilidades disciplinarias, fiscales y hasta penales, dado el detrimento patrimonial que se generaría. "La Contraloría General de la República tendría que intervenir para evitar ese daño, y también habría escenarios ante la Procuraduría y posibles acciones penales", explicó.
Entre las acciones legales que podrían interponerse, el abogado mencionó:
- Acciones de nulidad ante el Consejo de Estado por vicios de ilegalidad.
- Medidas cautelares de suspensión provisional.
- Responsabilidad económica del Estado, con posibilidad de repetir contra los funcionarios involucrados.
Impacto en la reforma pensional y lecciones regionales
Riveros señaló que, aunque la Corte Constitucional suspendió casi toda la reforma pensional, dejó fuera los artículos sobre movilidad que este decreto pretende reglamentar. Si el decreto se expide y luego es tumbado por el Consejo de Estado, el dinero ya gastado tendría que devolverse con cargo al presupuesto nacional, afectando a los contribuyentes.
Finalmente, el abogado hizo un llamado a la prudencia, recordando las lecciones nefastas de otros países de la región que manipularon los ahorros de pensiones. "Jugar con eso es irresponsable y va a poner a unas generaciones hacia adelante a enfrentar problemas gigantescos", concluyó, instando a los organismos de control a advertir sobre las ilegalidades del borrador para evitar un daño irreversible al sistema de pensiones colombiano.
