Emergencia vial: 29 puentes colapsados en Colombia en los últimos 12 años
Los gremios del sector transportador han lanzado una alerta nacional sobre lo que califican como una emergencia paralela a la ola invernal: el aumento sostenido de puentes caídos o con afectaciones estructurales graves en diversas regiones del país. Según datos presentados por Colfecar, en los últimos doce años se han registrado 29 casos de puentes colapsados o con daños severos, de los cuales 18 ocurrieron entre 2023 y lo que va de 2026.
Concentración alarmante de casos recientes
Las cifras revelan una tendencia preocupante: el 62% de los puentes reportados con fallas graves o colapsos se registró desde 2023, mientras que el 17% corresponde únicamente a los primeros meses de 2026. Esta concentración temporal ha generado alarma entre los actores del sector transporte, quienes señalan que esta situación no puede considerarse normal en ningún país y plantea serios interrogantes sobre la gestión, mantenimiento y respuesta institucional frente a la infraestructura vial nacional.
Al desagregar los casos por entidad responsable, el panorama muestra una distribución clara de responsabilidades:
- Instituto Nacional de Vías (Invías): 13 de los 29 puentes afectados
- Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): 9 casos reportados
- Administraciones departamentales: 6 puentes con daños
- Ejército Nacional: 1 caso registrado
Cinco nuevos colapsos en 2026
Durante los primeros meses de 2026, la problemática se ha intensificado con cinco nuevos casos de puentes colapsados o con afectaciones graves en regiones estratégicas:
- Puente Chima en Córdoba (vía Lorica–Chinú), afectado desde el 2 de febrero
- Puente Mendihuaca en Magdalena (vía Santa Marta–Río Palomino), dañado desde el 3 de febrero
- Puente San Juan en Antioquia (vía Necoclí–Arboletes), con novedad desde el 3 de febrero
- Puente Mulatos en Antioquia (misma vía), afectado el mismo día
- Puente Jalisco en Córdoba (vía Puerto Rey–Montería), dañado desde el 8 de febrero
Estos cierres han generado impactos significativos en la movilidad del Urabá antioqueño y en los departamentos de Córdoba y Magdalena, afectando conexiones regionales y nacionales clave para el transporte de carga y pasajeros.
Respuesta institucional desigual y lenta
Los gremios han destacado la desigualdad en la respuesta institucional frente a estas emergencias. Mientras para el puente Mendihuaca en Magdalena se anunció el 13 de febrero el inicio de la construcción de un paso provisional, en la vía Necoclí–Arboletes una comisión de Invías llegó a la zona 22 días después de registradas las afectaciones. A la fecha de su comunicado, ninguna de las cinco novedades de 2026 había sido resuelta ni se había restablecido el paso vehicular completo.
Impacto económico y social creciente
La prolongación de los cierres y restricciones está generando afectaciones directas al sector transportador de carga y pasajeros que opera en las regiones impactadas. Según los firmantes, esta situación ha derivado en una crisis económica y social que afecta a empresas, conductores, auxiliares y cientos de familias cuyo sustento depende de la actividad transportadora. Además, se ha alterado significativamente las cadenas de abastecimiento y la dinámica comercial local y regional.
Solicitudes urgentes al Gobierno Nacional
Frente a este panorama crítico, los gremios han formulado tres solicitudes concretas al Gobierno Nacional:
- Priorización de la emergencia en la agenda institucional, con intervención técnica y logística inmediata que incluya cronogramas claros para el restablecimiento de la movilidad
- Adopción de medidas transitorias que mitiguen las pérdidas económicas y sociales tanto para el gremio como para las comunidades afectadas
- Definición de cronogramas y presupuestos claros para las soluciones definitivas, evitando que los puentes militares concebidos como temporales se conviertan en estructuras permanentes
Los firmantes han advertido que la prolongación de esta problemática profundiza el deterioro económico de las subregiones afectadas y pone en riesgo la sostenibilidad del servicio público de transporte. Finalmente, han manifestado su disposición al diálogo y al trabajo articulado con las autoridades, insistiendo en la necesidad de soluciones urgentes y concretas que permitan restablecer la movilidad y garantizar los derechos al trabajo y a la circulación en las regiones impactadas.
