La Corte Constitucional avaló de manera parcial la declaratoria de emergencia económica y social en Montería, Córdoba, motivada por la crisis climática tras las intensas lluvias. Sin embargo, el alto tribunal limitó varias facultades gubernamentales, dejando sin efecto medidas clave relacionadas con empresas de servicios públicos, tierras y cuencas hídricas.
Medidas tumbadas por la Corte
El alto tribunal determinó que no procederán las medidas enfocadas en atender la crisis financiera de las empresas de servicios públicos de energía eléctrica, ni aquellas destinadas a mitigar el riesgo sistémico para la continuidad del servicio domiciliario. Además, la Sala Plena dejó sin efectos las facultades extraordinarias de la Agencia Nacional de Tierras en materia de deslinde de tierras de la Nación, así como la recuperación de bienes de uso público y baldíos.
Tampoco se permitirá la actualización de los planes de manejo de cuencas hidrográficas ni los procesos de acotamiento de rondas hídricas bajo este decreto excepcional. Estas decisiones limitan el alcance de la emergencia declarada por el Gobierno para enfrentar los efectos del cambio climático en la región.
Órdenes para el Ejecutivo y el Congreso
A pesar de tumbar estos apartes, el fallo emitió órdenes estrictas para el Ejecutivo y el Congreso de la República de cara al futuro. Ambas instituciones deberán incluir, desde sus competencias, el impacto climático en la preparación de los próximos Planes Nacionales de Desarrollo, con el fin de optimizar la respuesta estatal ante desastres naturales.
Asimismo, el tribunal exhortó directamente al presidente de la República, en su condición de conductor del sistema de gestión del riesgo de desastres, a impulsar las medidas necesarias para asegurar el financiamiento permanente de estas políticas y fortalecer la capacidad de atención ante calamidades vinculadas al cambio climático.
Contexto de la emergencia
La emergencia económica y social fue declarada por el Gobierno nacional debido a las intensas lluvias que afectaron a Montería y sus alrededores, provocando inundaciones, daños en infraestructura y afectaciones a la población. La decisión de la Corte busca equilibrar la necesidad de acción rápida con el respeto a los procedimientos legales y la protección de derechos fundamentales.
