Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió llevar a prisión a una mujer señalada de integrar una modalidad delictiva que consiste en ingresar a viviendas de alto nivel económico bajo la apariencia de empleada doméstica para, posteriormente, apoderarse de joyas, dinero y otros bienes de valor.
Identificación y captura de la procesada
La procesada, identificada como Lenis María Julio Julio, de 57 años, fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, luego de que las autoridades reunieran evidencias que la vincularían con una serie de hurtos ocurridos en exclusivos sectores de Medellín.
Según la investigación, los hechos se registraron entre marzo de 2024 y febrero de 2025 en varias residencias ubicadas en El Poblado, donde las pérdidas económicas superarían los 1.600 millones de pesos.
Modus operandi: documentación falsa y confianza
De acuerdo con los hallazgos del ente acusador, la mujer habría utilizado documentación falsa para acceder a empleos en hogares de familias adineradas. Una vez lograba ser contratada y obtenía la confianza de sus empleadores, esperaba el momento oportuno para sustraer objetos de alto valor sin despertar sospechas inmediatas.
Las pesquisas adelantadas por la Estructura de Apoyo de Medellín permitieron establecer un patrón de comportamiento similar en al menos cuatro casos investigados. Los elementos desaparecidos incluían dinero en efectivo, joyas y pertenencias de gran valor económico.
Operativo de captura en San Onofre
La captura se produjo en el municipio de San Onofre, Sucre, durante un operativo de la Policía Nacional. En el procedimiento fueron encontrados tres mil dólares, más de 12 millones de pesos en efectivo y varios teléfonos celulares, elementos que ahora hacen parte del material probatorio analizado por las autoridades.
Imputación de cargos y medida de aseguramiento
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó cargos por hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Aunque la procesada no aceptó los señalamientos, el juez consideró suficientes los elementos presentados por el ente acusador para ordenar su reclusión mientras avanza el proceso judicial.
