Un Juzgado Administrativo de Arauca ordenó la suspensión provisional de los bombardeos contra estructuras criminales en ese departamento hasta que el Gobierno Nacional revise y ajuste los protocolos de operación en zonas donde pueda haber presencia de menores de edad. La decisión judicial, que abre un nuevo debate sobre los límites de la estrategia militar, se produce luego de que la defensora del Pueblo, Iris Marín, insistiera en que el Estado conserva la obligación de proteger a los niños reclutados.
La tensión entre seguridad y protección de menores
La medida judicial se enmarca en la discusión sobre cómo enfrentar a los grupos armados organizados sin desconocer la condición de víctimas que tienen los niños, niñas y adolescentes reclutados. Marín planteó que existe una tensión entre la protección de la seguridad de la población en general y el riesgo de que estas operaciones afecten derechos de menores vinculados a estructuras ilegales.
“El mensaje es que aquí hay una tensión entre la protección de la seguridad de la población en general, a través de unos bombardeos que afectan eventualmente derechos de menores de edad”, afirmó la defensora. Su declaración apunta al centro del debate jurídico y humanitario: la presencia de adolescentes en estructuras criminales no elimina los deberes de protección reforzada que tiene el Estado colombiano.
El reclutamiento no convierte a menores en objetivos
Marín fue enfática en que el reclutamiento no convierte a los menores en objetivos desprovistos de garantías. “El hecho de que se conviertan en combatientes no les retira la obligación del Estado de protegerlos en todo tiempo y lugar”, sostuvo, lo que mantiene la preocupación alrededor de las operaciones militares aéreas en zonas de conflicto, especialmente cuando existe información sobre posible presencia de menores.
El fallo ordena suspender los bombardeos en Arauca mientras se revisan y difunden nuevas directrices para las operaciones contra grupos armados en lugares donde probablemente haya niños, niñas y adolescentes. La decisión también involucra la revisión de procedimientos de planeamiento de ataques estratégicos, interdicción aire-tierra y apoyo aéreo cercano, con énfasis en los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.
Defensoría pide medidas al Gobierno y al Ministerio de Defensa
La defensora reiteró que su llamado no se limita a la suspensión de operaciones, sino a la adopción de medidas concretas para reducir al máximo el riesgo de muerte de menores. “Siempre nuestro llamado ha sido a que el Gobierno Nacional, el presidente de la República y el ministro de Defensa deben tomar todas las medidas para evitar al máximo que mueran menores de edad dentro de estos bombardeos, teniendo en cuenta su previa victimización”, señaló.
Esa referencia a la “previa victimización” resulta clave dentro del debate público. Los menores que integran estructuras armadas ilegales suelen llegar allí por reclutamiento, presión o control territorial de los grupos criminales. Por eso, la discusión no gira únicamente sobre la legalidad de una operación militar, sino sobre el deber de anticipar riesgos cuando la inteligencia disponible advierta que puede haber adolescentes en los campamentos o zonas objetivo.
La tutela que originó la orden judicial
La tutela que derivó en la orden judicial fue presentada en defensa del interés público y de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En el trámite se invocaron derechos como la vida, la integridad personal, el interés superior del menor, el acceso a la información pública y el derecho a la verdad, además de principios del Derecho Internacional Humanitario aplicables a operaciones militares en contextos de conflicto armado.
65 menores muertos en operaciones militares
El debate se intensificó tras conocerse que, según el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, aproximadamente 65 menores de edad murieron en operaciones militares durante el actual gobierno. De acuerdo con esa información, las víctimas tenían entre 14 y 17 años y los hechos se registraron principalmente en Guaviare, Arauca y Putumayo, además de otras zonas periféricas donde se desarrollaron acciones contra grupos armados.
Ese dato puso presión adicional sobre la política de seguridad y sobre los controles previos a las operaciones. La cifra también volvió a poner sobre la mesa la necesidad de protocolos claros, verificables y conocidos por las unidades tácticas, especialmente en territorios donde los grupos criminales mantienen presencia, ejercen control sobre comunidades y reclutan menores para fortalecer sus estructuras.
Un desafío operativo y político para el Gobierno
La orden del juzgado no elimina el debate sobre la respuesta estatal frente a las organizaciones armadas, pero sí fija una condición inmediata para implementar en el departamento: revisar, ajustar y difundir los protocolos antes de retomar bombardeos. También ordena acompañamiento de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en materia de derechos de la niñez, derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
El caso deja al Gobierno ante un desafío operativo y político: mantener acciones contra estructuras criminales sin desconocer la protección reforzada que cobija a los menores reclutados. En esa tensión se ubica el llamado de la Defensoría, que pide que la estrategia militar incorpore todas las medidas posibles para evitar nuevas muertes de niños, niñas y adolescentes en operaciones donde el Estado debe actuar con límites.
