La Corte Suprema de Estados Unidos falló el jueves a favor del presidente Donald Trump en un caso clave sobre la autoridad del gobierno para rechazar solicitantes de asilo cuando los cruces fronterizos con México estén saturados. La decisión, con 6 votos a favor y 3 en contra, fue impulsada por los magistrados conservadores del tribunal.
Detalles del fallo
El tribunal anuló una resolución de un tribunal inferior que consideraba que la política conocida como "metering" (dosificación) violaba la ley federal. Esta política permite a los funcionarios de inmigración detener a los solicitantes de asilo en la frontera y negarse indefinidamente a procesar sus solicitudes si consideran que no pueden manejar más peticiones.
El gobierno de Trump ha indicado que podría intentar reactivar la política, que fue abandonada por el predecesor demócrata Joe Biden en 2021. Según el gobierno, la medida se retomaría "tan pronto como las nuevas condiciones fronterizas justificaran esa medida", sin ofrecer más detalles.
Contexto legal
Según la legislación estadounidense, un migrante que "llega a Estados Unidos" puede solicitar asilo y debe ser inspeccionado por un funcionario federal de inmigración. La cuestión jurídica central en este caso es si los solicitantes de asilo detenidos en el lado mexicano de la frontera pueden considerarse como si hubieran llegado a Estados Unidos.
Los funcionarios de inmigración comenzaron a rechazar solicitudes de asilo en la frontera en 2016, bajo el mandato del expresidente demócrata Barack Obama, en medio de una oleada migratoria. La medida se formalizó en 2018 durante el primer mandato de Trump, autorizando a los funcionarios fronterizos a denegar el procesamiento cuando el gobierno decidiera que no podía gestionar peticiones adicionales.
Impacto y reacciones
El fallo representa un triunfo para la política migratoria de Trump, que también enfrenta un recurso judicial en curso por otra política más amplia de denegación de entrada anunciada tras su regreso a la presidencia el año pasado. La decisión de la Corte Suprema podría allanar el camino para que el gobierno reinicie el "metering" en la frontera sur.
La política de "metering" es distinta de la prohibición general de entrada, ya que se enfoca específicamente en la capacidad de procesamiento de solicitudes de asilo en los puertos de entrada. Organizaciones de derechos humanos han criticado la medida, argumentando que viola el derecho internacional al dejar a los solicitantes varados en condiciones peligrosas en México.
