Las advertencias de ingenieros venezolanos sobre la vulnerabilidad de las viviendas públicas frente a terremotos cobraron nueva relevancia tras el colapso de varios complejos habitacionales en el estado de La Guaira, luego de los dos sismos que golpearon la costa norte del país. De acuerdo con un reporte de The New York Times, los derrumbes concentraron una parte importante de las víctimas y reabrieron el debate sobre la calidad de las construcciones impulsadas por el Estado durante el chavismo.
Cifras de la tragedia y reacciones ciudadanas
Los terremotos dejaron al menos 3.342 personas fallecidas y más de 16.500 heridas. En medio de las labores de rescate, el descontento ciudadano comenzó a dirigirse contra el Gobierno, señalado por habitantes y expertos de haber construido viviendas de baja calidad con fines políticos, pese a las advertencias técnicas que durante años cuestionaron la seguridad de estos proyectos.
Los edificios afectados hacían parte de desarrollos estatales levantados entre la montaña y el mar, concebidos originalmente como uno de los símbolos de la política de vivienda promovida por el expresidente Hugo Chávez. Sin embargo, tras los movimientos telúricos, varios de esos bloques colapsaron, mientras otras edificaciones terminaron parcialmente destruidas o incendiadas, dejando extensas zonas cubiertas por escombros.
Calidad de las viviendas públicas en Venezuela vuelve al centro del debate
Según The New York Times, ingenieros habían expresado preocupaciones relacionadas con la calidad de los materiales utilizados, la integridad de los diseños estructurales y las condiciones del terreno donde fueron construidos los complejos habitacionales. También señalaron que buena parte de la información técnica y de los estudios de suelo permaneció fuera del conocimiento público.
Los proyectos comenzaron a planificarse en 2011, poco antes de un ciclo electoral, y avanzaron de forma acelerada. Esa circunstancia alimentó los cuestionamientos sobre los criterios técnicos empleados durante la ejecución de las obras. En 2017, según recordó el diario estadounidense, el entonces presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt, llegó a describir la integridad estructural de estas viviendas estatales como "un secreto de Estado".
Testimonios de víctimas y la Misión Vivienda
El impacto humano de la tragedia quedó reflejado en los testimonios de quienes buscaban a sus familiares entre los restos de las edificaciones. Juan Manuel Chirinos permanecía junto a una torre derrumbada intentando encontrar a su hijo, su nuera y sus dos nietos. "Estas personas no murieron a causa del desastre", afirmó al diario. "Murieron a manos del gobierno porque construyeron estos edificios como basura", añadió mientras continuaban las labores de rescate.
Las edificaciones afectadas formaban parte de la Misión Vivienda, uno de los programas sociales más representativos impulsados durante el gobierno de Hugo Chávez. De acuerdo con la información oficial citada en el documento, la iniciativa fue concebida para "romper con la lógica capitalista" que mercantilizaba la vivienda y ampliar el acceso habitacional para los sectores de menores ingresos.
Postura oficial y controversias posteriores
El Gobierno venezolano sostiene que se han construido más de 5,5 millones de viviendas y asegura que nuevos proyectos continúan en desarrollo. En el sitio oficial citado en el documento se afirma que "más allá de la cantidad de viviendas, se trata de calidad", una postura que contrasta con las críticas surgidas tras el colapso de los complejos residenciales durante los sismos.
La gestión posterior a los terremotos también generó nuevas controversias. La organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón difundió un informe titulado "El Estado abdicó su deber de proteger", en el que denunció una presunta inacción gubernamental y obstáculos para el ingreso de ayuda internacional y ciudadana, según informó France 24.
Denuncias de obstáculos en la atención de emergencias
El documento describe "una paradoja institucional trágica", al señalar que existe un aparato estatal robusto para el control político, pero limitado para la gestión de riesgos y la atención de emergencias. Entre las denuncias figuran trabas para registrar voluntarios, demoras en la expedición de actas de defunción y presuntos cobros ilícitos de hasta 1.000 dólares para entregar cadáveres identificados. Además, la vocera de Acnur en Ginebra, Carlotta Wolf, indicó, de acuerdo con France 24, que el 40% de los damnificados permanece a la intemperie.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó esas acusaciones durante su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo en enero. Negó que la reacción estatal hubiera sido tardía, aseguró que el Ejecutivo actuó "de inmediato", informó que el despliegue pasó de 4.000 a 19.000 funcionarios y anunció un fondo de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción de viviendas e infraestructura. Asimismo, atribuyó las críticas a una "campaña de desinformación".
