El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió una advertencia directa al Congreso y al Gobierno sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para corregir el deterioro de las finanzas públicas, ante un escenario que, según el organismo, podría derivar en un episodio de estrés financiero si no se toman decisiones estructurales.
El llamado se sustenta en el análisis del escenario fiscal para 2026, en el que el Comité identifica debilidades en la estrategia oficial, especialmente por la falta de claridad en los mecanismos para reducir el gasto y garantizar el cumplimiento de las metas. “El plan fiscal contempla una disminución de 25 billones de pesos (1,3% del PIB) en el gasto primario, sin concretar los instrumentos que garantizarían su materialización”, señala el informe.
Dudas sobre el ajuste del gasto
El CARF cuestiona la credibilidad de la estrategia del Gobierno para cumplir sus objetivos fiscales, pese a reconocer que la proyección de ingresos para 2026 es consistente con los fundamentos macroeconómicos. El principal reparo está en la ejecución del ajuste del gasto.
El Gobierno ha planteado herramientas como el aplazamiento presupuestal y el control del Programa Anual de Caja, pero el Comité considera que estas medidas no son suficientes. “La herramienta adecuada para asegurar un menor gasto es un decreto de recorte presupuestal con impacto fiscal”, advierte el documento.
Además, el informe subraya que, al cierre del primer cuatrimestre del año, no se ha expedido el decreto anunciado ni se conocen detalles sobre su alcance. A esto se suma que más de la mitad de las apropiaciones de inversión ya han sido comprometidas, lo que reduce el margen de maniobra para ejecutar recortes efectivos.
En este contexto, el CARF proyecta que el déficit primario en 2026 será de 3,7% del PIB, superior al 2,1% estimado por el Gobierno, lo que implicaría una desviación frente a las metas oficiales.
Deuda en ascenso y mayor ajuste requerido
El informe advierte que el incumplimiento de las metas fiscales en 2025 y el posible desvío en 2026 complican el retorno a la regla fiscal y elevan el tamaño del ajuste necesario en los próximos años.
Según el análisis, si las metas iniciales se hubieran cumplido, el ajuste requerido entre 2026 y 2028 sería de 1,4% del PIB. Sin embargo, en el escenario actual, ese esfuerzo asciende a 4,1% del PIB.
El Comité estima que evitar una trayectoria creciente de la deuda exige un ajuste fiscal sin precedentes de entre 4% y 5% del PIB en el próximo cuatrienio. “Entre más pase el tiempo sin políticas correctivas, mayor será el tamaño de las medidas necesarias”, indica el documento.
Las proyecciones del CARF muestran que, incluso con un retorno a la regla fiscal desde 2028, la deuda pública continuaría aumentando hasta alcanzar 65,3% del PIB en 2030, lo que implicaría presiones adicionales sobre el financiamiento del Estado.
Gasolina y presiones fiscales
Uno de los factores de riesgo identificados por el Comité es el comportamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que podría aumentar el déficit si no se adoptan medidas adicionales.
El CARF advierte que el Gobierno debe cerrar el diferencial entre los precios internos de los combustibles y las referencias internacionales para evitar un deterioro fiscal adicional. “El aumento en el déficit del FEPC” es señalado como uno de los riesgos que podrían agravar la situación de las cuentas públicas.
Este ajuste implicaría presiones sobre los precios de la gasolina, en un contexto en el que los costos internacionales del petróleo se mantienen elevados, lo que incrementa la carga fiscal del subsidio.
Llamado a medidas estructurales
El Comité insiste en la necesidad de que el Gobierno y el Congreso acuerden medidas estructurales que permitan reducir el déficit mediante una combinación de recorte de gastos y aumento de ingresos.
El informe plantea cinco dimensiones clave para la estrategia fiscal: gradualidad en el ajuste, combinación de instrumentos, impulso al crecimiento económico, restablecimiento del ancla fiscal y protección de la población vulnerable.
“El Comité considera urgente que el gobierno y el Congreso de la República acuerden medidas estructurales para reducir gastos o incrementar ingresos, que resulten suficientes para garantizar la sostenibilidad fiscal”, señala el documento.
El análisis advierte que la ausencia de acciones correctivas incrementa el riesgo de un deterioro sostenido de la deuda y de mayores costos de financiamiento, en un entorno marcado por incertidumbre macroeconómica y presiones fiscales acumuladas.
