La administración de Donald Trump ha recibido un nuevo revés en su controvertida política arancelaria. Un panel de jueces federales de la Corte de Comercio Internacional anuló los aranceles del 10% que la Casa Blanca impuso en febrero de este año, como respuesta a un fallo judicial previo en su contra.
Fallo de la Corte de Comercio Internacional
El tribunal determinó que Trump aplicó erróneamente una ley para poder continuar castigando los bienes que ingresan a Estados Unidos, el principal importador de mercancías según datos de la OMC. Hasta el momento, no se conoce una reacción oficial de la Casa Blanca ni desde cuándo aplicaría la medida. Esto implica que la administración Trump no podrá seguir recaudando dinero por esta vía, al menos bajo el pretexto legal que utilizaba hasta ahora.
Antecedentes de la política arancelaria
En febrero, la Casa Blanca implementó una nueva política arancelaria de aplicación casi universal con una tarifa del 10%. Trump aplicó este arancel base bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer el gravamen durante 150 días sin aprobación del Congreso. Esto ocurrió después de que la Corte Suprema de Estados Unidos diera un golpe histórico a la administración Trump al invalidar, con una votación de seis votos contra tres, la mayor parte de los aranceles impuestos por el mandatario.
Decisión de la Corte Suprema
El máximo tribunal determinó que Trump excedió su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para remodelar el comercio global de manera unilateral. La Corte dejó claro que la facultad de imponer impuestos y aranceles reside constitucionalmente en el Congreso, no en el Ejecutivo. La opinión de la mayoría fue redactada por el presidente de la Corte, John Roberts, quien calificó de “expansión transformadora” la postura del gobierno de que el presidente puede fijar aranceles ilimitados a voluntad. Roberts señaló que en el medio siglo de existencia de la IEEPA, ningún presidente había invocado ese estatuto para imponer aranceles “de esta magnitud y alcance”. Los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh fueron las tres voces disidentes.
