La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, ratificó este jueves una reforma constitucional que modifica la composición del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La enmienda elimina la facultad de los partidos políticos de proponer ternas para elegir a tres de los cinco magistrados, dejando a la oposición sin representación en el organismo electoral.
Detalles de la reforma
La nueva redacción del artículo 208 de la Constitución establece que el TSE estará conformado por cinco magistrados, quienes durarán seis años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos serán seleccionados mediante un proceso público y general que realizará la comisión respectiva, sin ningún tipo de cuota partidaria y basándose en la meritocracia.
Anteriormente, la normativa vigente indicaba que tres de los cinco magistrados debían ser escogidos de entre las ternas presentadas por los tres partidos con mayor votación en las elecciones presidenciales. Estas ternas eran propuestas por el partido ganador y los dos partidos que quedaban en segundo y tercer lugar, generalmente de la oposición.
La reforma también añade que los magistrados del TSE deben cumplir los mismos requisitos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no tener ninguna afiliación partidista. Tras esta modificación, a los partidos de oposición únicamente les quedaría representación en los concejos municipales si no obtienen diputaciones en las elecciones de 2027.
Antecedentes de reformas electorales
No es la primera vez que el Gobierno de Bukele impulsa cambios en materia electoral antes de unos comicios. Los próximos están previstos para febrero de 2027. En 2023, meses antes de las elecciones generales de 2024, se redujo el número de diputados de 84 a 60 y se modificó la fórmula para repartir los votos y asignar los escaños, entre otras medidas.
Denuncias de represalias contra la prensa
El diario digital El Faro denunció este jueves que el gobierno de Bukele congeló los bienes de sus socios como represalia por sus investigaciones periodísticas sobre presuntos nexos entre el mandatario y pandilleros. La medida afecta una cuenta bancaria y un inmueble, y se relaciona con una supuesta deuda de impuestos que el periódico niega. El Faro vincula esta acción con la reciente publicación de un documental que amplía sus denuncias sobre los presuntos tratos de Bukele con criminales.
El presidente, que gobierna con poderes absolutos, rechaza los señalamientos de que pactó con las pandillas para llegar al poder en 2019. El Faro señaló en un comunicado que la dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio, cuyos colaboradores trabajan en el exilio desde hace un año.
Según el diario, el gobierno responde con represalias a publicaciones sobre sus pactos mafiosos, corrupción e interés en concentrar todo el poder. El documental detalla supuestos pactos criminales que se rompieron en 2022 para dar paso a una guerra antipandillas. Esa ofensiva, desarrollada bajo estado de excepción, ha llevado a la captura de unas 92.000 personas sin orden judicial y ha motivado denuncias sobre crímenes de lesa humanidad por parte de juristas internacionales.
El Faro indicó que el objetivo final es silenciarlos, y que el congelamiento de activos se escuda en una medida para garantizar el pago de obligaciones. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, calificó esta persecución como una prueba más de la deriva autoritaria de El Salvador.
El proceso fiscal comenzó en 2020 y el gobierno no ha logrado demostrar sus acusaciones sobre evasión y lavado de dinero. En 2023, El Faro trasladó su estructura administrativa y legal a Costa Rica tras 25 años en El Salvador. La denuncia se produjo un día después de que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informara que en 2025 se registró la mayor oleada de periodistas exiliados desde el fin de la guerra civil, con 53 comunicadores que abandonaron el país por acoso, vigilancia o amenazas.
