El presidente Gustavo Petro deberá pagar una multa equivalente a diez salarios mínimos legales vigentes, superior a 17 millones de pesos, por no cumplir con la orden judicial de retractarse y ofrecer disculpas al exgerente de la EPS Coosalud, Jaime Miguel González. Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que consideró que el mandatario incurrió en desacato al desobedecer la orden de rectificar afirmaciones que vulneraron los derechos al buen nombre y la honra del directivo del sector salud.
Decisión del Tribunal
El alto tribunal evaluó el cumplimiento de dos fallos de tutela que exigían al jefe de Estado rectificar las declaraciones realizadas contra González Montaño. En su pronunciamiento, la Sala señaló que no es admisible alegar riesgos penales, no autoincriminación o deber de denuncia como excusa para incumplir la retractación. La existencia de denuncias o deberes de denuncia no contradice el cumplimiento de la sentencia de tutela, según el auto del 10 de febrero de 2026.
Publicaciones en redes sociales
El Tribunal dejó claro que las publicaciones del presidente, incluso aquellas formuladas como preguntas, deben ser rectificadas si afectan derechos fundamentales, especialmente cuando no existe una decisión judicial de fondo. La retractación busca restablecer el buen nombre y la presunción de inocencia del accionante en la esfera pública hasta que haya una decisión judicial definitiva.
El contenido de los mensajes difundidos desde la cuenta oficial del presidente hacía referencia directa a señalamientos contra el exgerente de la EPS, los cuales ya habían sido revisados judicialmente en instancias previas. La Sala concluyó que las declaraciones con preguntas también pueden ser objeto de retractación, pues lo relevante no es la forma gramatical, sino corregir el mensaje lesivo que afectó los derechos del accionante.
Argumentos rechazados
En el análisis, el Tribunal descartó que la existencia de otros procesos o denuncias pueda utilizarse para evadir el cumplimiento de una orden judicial en firme. Reiteró el carácter obligatorio de las decisiones de tutela y advirtió que la posibilidad de denunciar supuestas irregularidades no autoriza a hacer señalamientos públicos sin una decisión judicial previa.
Cabe recordar que el mandatario ha publicado mensajes cuestionando la gestión de González Montaño al frente de Coosalud, incluyendo señalamientos sobre el manejo de recursos del sistema de salud, lo que originó las acciones judiciales que hoy resultan en la sanción económica.
