Más de 5.8 millones de fotomultas en Colombia deberán quedar sin validez tras una investigación del Gobierno nacional contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como SAST.
La actuación fue anunciada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, entidades que advirtieron posibles incumplimientos técnicos y legales en el funcionamiento de cámaras de fotodetección utilizadas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, entre otras.
Según las autoridades, la investigación involucra más de 7,5 millones de comparendos impuestos mediante estos sistemas tecnológicos.
¿Cuántos comparendos se revocarán?
El Ministerio de Transporte aseguró que 5.832.906 comparendos que todavía no han sido pagados deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes. La medida beneficiaría potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos en el país.
Además, la investigación reveló que 1.582.398 fotomultas ya fueron pagadas por conductores colombianos, lo que representó recaudos superiores a $1,05 billones. Frente a este escenario, las autoridades señalaron que los organismos investigados podrían verse obligados a devolver esos recursos a los ciudadanos afectados.
¿Qué ciudades tienen más fotomultas bajo investigación?
Entre las ciudades con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la investigación aparecen: Cali con 2,7 millones de comparendos, Medellín con más de 717.000, Bogotá cerca de 294.000 y Barranquilla con más de 131.000. La investigación también involucra organismos de tránsito de municipios como Soledad, Montería, Sincelejo, Valledupar, Sabaneta, Villavicencio y Villa del Rosario.
¿Por qué investigan millones de fotomultas en Colombia?
De acuerdo con el Gobierno nacional, las irregularidades detectadas estarían relacionadas con el incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley 2251 de 2022 y en la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. Uno de los principales problemas encontrados fue la ausencia del denominado “concepto de desempeño” expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento considerado obligatorio para garantizar la confiabilidad y legalidad de las cámaras de fotodetección.
Durante la investigación, la Superintendencia identificó tres situaciones principales: 12 organismos de tránsito habrían comenzado operaciones sin contar con concepto de desempeño, 7 entidades operaron con conceptos expedidos a terceros, y 18 organismos obtuvieron dichos conceptos después de iniciar la operación de los sistemas. Las autoridades consideran que estas situaciones podrían comprometer la legalidad de millones de comparendos emitidos en los últimos años.
Gobierno advierte posibles sanciones billonarias
El Gobierno aseguró que las sanciones contra los organismos investigados podrían superar los $2,1 billones, debido a que la ley contempla multas equivalentes al doble de los recursos recaudados de manera presuntamente irregular. La ministra de Transporte, Mafe Rojas, afirmó que la actuación busca proteger el debido proceso y evitar que las fotomultas se conviertan en mecanismos de recaudo fuera de la ley.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aseguró que las medidas no buscan ir en contra de la seguridad vial, sino garantizar que los sistemas tecnológicos funcionen bajo los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la normativa colombiana. El Gobierno indicó que continuará adelantando actuaciones administrativas para verificar el cumplimiento de las normas por parte de los organismos de tránsito y de los sistemas de fotodetección en todo el país.
