Un juez de control de garantías ordenó la detención del alcalde de Villa de Leyva, Boyacá, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, señalado por la Fiscalía en un caso de presunta corrupción vinculada a trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario en el municipio.
Imputación de cargos
La decisión judicial se produjo luego de que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputara al mandatario los delitos de concusión y prevaricato por acción, cargos que no fueron aceptados por el alcalde. La Fiscalía presentó elementos materiales probatorios que vincularían a Gamboa Chaparro con supuestas exigencias económicas y otros beneficios para agilizar permisos administrativos relacionados con una licencia de urbanismo y construcción.
Detalles de la investigación
Según el ente acusador, el 8 de junio de 2025, el alcalde habría solicitado a la representante legal de la empresa Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S. contratar a una persona específica para asesorar en trámites ante la administración municipal. Posteriormente, habría pedido aumentar el salario de esa persona, quien permaneció vinculada durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.
La Fiscalía sostiene que el 4 de marzo de 2026, Gamboa Chaparro presuntamente exigió a la empresaria 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor de la ampliación de una licencia de construcción, mediante mensajes de voz. En una llamada telefónica posterior, habría retirado la exigencia. Dos días después, el 6 de marzo, el alcalde expidió una resolución que, según la Fiscalía, constituyó una retaliación por la negativa de la empresaria a acceder a las exigencias. Como resultado, la Secretaría de Planeación de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción del proyecto inmobiliario.
Medidas adicionales
Además, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso una multa de cerca de 232 millones de pesos a los representantes del proyecto. Durante las audiencias, la defensa del alcalde aseguró que los audios y pruebas estaban presuntamente alterados, basándose en un peritaje técnico. Sin embargo, la juez de garantías consideró procedente la medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
