La transparencia en la gestión pública vuelve a estar bajo la lupa en Cartagena. Lo que comenzó como una oportunidad laboral para trabajar por la cultura de la ciudad terminó convirtiéndose en un expediente judicial que hoy tiene a Yeimi Paola Vargas rindiendo cuentas ante las autoridades por presuntas irregularidades en su hoja de vida.
El rastro de un título técnico bajo sospecha
El caso gira en torno a Yeimi Paola Vargas Gómez, quien se vinculó al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) mediante un contrato de prestación de servicios. Según el ente acusador, para asegurar su posición y escalar en la tabla de honorarios de la entidad, la mujer habría radicado un diploma que no corresponde a la realidad. Se trata de un título que la acreditaba supuestamente como técnica laboral en actuación y teatro, emitido aparentemente por una institución educativa en Bucaramanga.
Al cargar este documento en la plataforma estatal Secop II, Vargas Gómez logró cumplir con los requisitos de formación técnica exigidos, lo que le permitió acceder a un pago mensual superior al que le habría correspondido con su perfil real. La Fiscalía estima que el perjuicio asciende a más de ocho millones de pesos.
Un contrato liquidado y cuentas por saldar
La relación contractual se pactó inicialmente en marzo de 2025, con una duración de nueve meses y un presupuesto global de 55 millones de pesos. No obstante, el vínculo laboral no llegó a su fin natural, pues fue liquidado de mutuo acuerdo en agosto de ese mismo año. A pesar de la terminación anticipada, la lupa de la Fiscalía se puso sobre la diferencia de dinero pagada durante esos meses. El cálculo de los investigadores sugiere que la procesada se habría apropiado de 8.647.500 pesos, suma que representa el excedente cobrado gracias al nivel de titulación que, según las pruebas, resultó ser espurio.
Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente. Sin embargo, la mujer no aceptó los cargos ante el ente judicial. El caso sigue en curso y se espera que en las próximas semanas se definan las medidas de aseguramiento correspondientes.
