En la mañana de este jueves 30 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Detalles del caso
El caso del exministro está relacionado con el millonario desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Según las investigaciones de la Fiscalía, Velasco y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habrían intentado comprar al Congreso con coimas y contratos por un valor de 612.000 millones de pesos colombianos.
Antecedentes judiciales
En diciembre de 2025, los exministros fueron imputados ante el Tribunal Superior de Bogotá por este caso de presunta corrupción. En ese momento, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento domiciliaria para ambos, pero la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero ordenó enviarlos a la cárcel de forma preventiva.
Ricardo Bonilla fue enviado al Cespo (Centro de Estudios Superiores de la Policía) en Bogotá, donde estuvo privado de la libertad hasta el pasado 7 de abril, cuando el mismo Tribunal ordenó su libertad por vencimiento de términos. La decisión fue apelada por la Fiscalía y actualmente está siendo revisada.
Por su parte, Luis Fernando Velasco fue enviado a la Escuela de Carabineros de Cali (Valle del Cauca), donde permanece hasta la fecha. La defensa de ambos exfuncionarios, liderada por los abogados Alejandro Carranza y Rosa Elena Suárez Díaz, apeló la medida de aseguramiento, que fue estudiada por el Tribunal para su última decisión.
Audiencia de acusación en la Corte Suprema
La orden de confirmación de la medida se conoce al mismo tiempo que en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia avanza, desde la mañana del 29 de abril, la audiencia de acusación contra los exfuncionarios del gobierno Petro. La Fiscalía los llama a juicio para que respondan por su presunta participación en una "empresa criminal" que desfalcó a entidades del Estado.
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