En la mañana de este miércoles 17 de junio se concretó el cierre del Ministerio de la Igualdad, una posibilidad que había anunciado la Corte Constitucional luego de declarar inexequible la ley con la que se le dio origen, debido a que no contaba con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.
Decisión judicial y plazos
La decisión judicial se dio el 8 de mayo de 2024 sobre la Ley 2281 de 2023, considerando que había fallas en su estructuración y el análisis de su impacto fiscal. La Corte ya había fijado el plazo para que el Gobierno tramitara nuevamente la iniciativa ante el Congreso y corrigiera los vicios identificados en el documento inicial que creó la entidad. Aún así, el proyecto no había logrado avanzar con la rapidez esperada en el Legislativo.
El alto tribunal fijó el 20 de junio como la fecha límite para corregir las inconsistencias contenidas en la ley. Se estableció que si para entonces no se habían corregido los vicios identificados, la entidad tendría que ser suprimida y sus funciones pasarían a otras entidades públicas.
Hoja de ruta para el cierre
Sin embargo, de acuerdo con una circular interna revelada por El Tiempo, el Ministerio de la Igualdad puso en marcha una hoja de ruta para que sus dependencias adelantaran desde antes tareas de empalme y cierre. El proceso contempló la finalización de actividades esenciales, la entrega de informes de gestión y la organización de soportes documentales asociados a cada cargo.
El cronograma del Ministerio contempló que el 17 de junio será el último día para que las áreas culminaran sus actividades principales y dejaran listos los reportes requeridos. Para el 18 de junio está prevista la consolidación interna de información y la reorganización de áreas, mientras que el 19 de junio se realizaría la entrega formal de bienes institucionales, equipos y paz y salvos. En este proceso, la Oficina de Planeación también deberá recopilar información estratégica sobre el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y compromisos relacionados con políticas de paz. Estos insumos quedarían en manos de un eventual liquidador, en caso de que se concrete la desaparición de la cartera.
Nivel de ejecución del Ministerio
Durante sus años en funcionamiento, el Ministerio apenas logró la ejecución del 8,8 por ciento del presupuesto. La excandidata presidencial Paloma Valencia fue una de sus críticas, asegurando que en 2025, de 9 proyectos de inversión, 4 no llegaron al 1 por ciento y 2 no superaron el 10 por ciento de ejecución. Además de eso, de 2,8 billones de pesos que manejó esta cartera, 2,1 billones fueron transferidos a un Fondo Paralelo sin que se conozcan los resultados.
Titulares y escándalos
Durante su existencia, el Ministerio tuvo cuatro titulares: Francia Márquez, Carlos Rosero, Juan Carlos Florián y Luis Eduardo Acosta. De ellos, la dirección de Florián estuvo rodeada de escándalos. Para empezar, su nombramiento rompía con la cuota de género para garantizar igualdad de representación en el poder. Por este motivo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió su nombramiento de forma provisional. Ante esto, el Gobierno pidió su renuncia, nombró a una mujer en otro ministerio, y luego reincorporó a Florián, quien decía ser de “género fluido” y pedía que lo llamaran “ministra”.
En el contexto de estos cuestionamientos, y luego de un público desacuerdo de Francia Márquez con el nombramiento de Florián y la ex actriz de entretenimiento para adultos Amaranta Hank en el ministerio, el presidente dijo una de las frases más recordadas de su gobierno. Lo hizo durante un Consejo de Ministros televisado en julio de 2025, en el cual declaró: “A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno”.
En ese movimiento de gabinete también llegó uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro: el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de las juventudes. En este punto, Guerrero ya fue imputada por fraude procesal, ya que su hoja de vida indicaba que había pasado de ser técnica a profesional en apenas 15 días y que se había graduado como profesional sin haber presentado la Prueba Saber Pro.
