Procuraduría sanciona a exalcaldesa de Alejandría por graves fallas en proyecto habitacional
La Procuraduría General de la Nación impuso una medida de suspensión por cuatro meses contra la exalcaldesa del municipio de Alejandría, en el oriente de Antioquia, Sor María Ocampo Giraldo, quien ejerció el cargo entre los años 2020 y 2023.
Deficiencias en proyecto 'Velo de Novia' para 60 familias
La sanción disciplinaria responde a graves omisiones cometidas durante la ejecución del proyecto de vivienda de interés prioritario denominado 'Velo de Novia', destinado a beneficiar a 60 familias vulnerables del municipio. Según el ente de control, la entonces mandataria municipal permitió la suspensión de obras, retrasos injustificados y múltiples deficiencias técnicas que afectaron directamente a las familias beneficiarias.
El fallo de primera instancia de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Rionegro determinó que Ocampo Giraldo incumplió su deber de actuar con diligencia frente a los requerimientos del proyecto, particularmente en la vigilancia que debía ejercer para proteger los derechos de los ciudadanos a una vivienda digna.
Más de $452 millones sin ejecutar en convenio con VIVA
La investigación probó que la exalcaldesa autorizó la liquidación anticipada del convenio interadministrativo suscrito en 2021 con la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), lo que resultó en la no ejecución de más de $452 millones en subsidios asignados específicamente para el proyecto habitacional.
"La conducta de la exmandataria fue calificada como falta grave cometida a título de culpa grave", señaló el Ministerio Público en su resolución, destacando que Ocampo Giraldo desatendió los deberes de eficacia y responsabilidad en la contratación tanto con la Fiduciaria Central como con el constructor Sandapava SAS.
Sanción convertida en multa equivalente a cuatro salarios mínimos
Un aspecto relevante del caso es que, dado que la política ya no ejerce cargo público alguno, la suspensión de cuatro meses se transformó en una multa económica equivalente a cuatro Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes correspondientes al periodo en que ocurrieron los hechos investigados.
La Procuraduría enfatizó en su fallo la necesidad de priorizar la transparencia en la ejecución de recursos públicos, especialmente cuando se trata de proyectos destinados a poblaciones vulnerables que dependen de la eficiencia y honestidad de sus gobernantes.
Este caso se suma a otros procesos disciplinarios que buscan fortalecer los mecanismos de control sobre la gestión pública en proyectos sociales estratégicos para el desarrollo regional y el bienestar de las comunidades más necesitadas.
