Denuncia internacional por presunta persecución política
El candidato presidencial Iván Cepeda Castro, reconocido dirigente del Pacto Histórico, ha presentado una formal denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que califica como actos sistemáticos de persecución política en su contra durante el desarrollo de la campaña electoral hacia los comicios presidenciales de 2026. Esta acción jurídica internacional fue presentada de manera conjunta con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones con amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos en el continente.
Campaña de desinformación y falsas vinculaciones
Según la denuncia presentada, en las últimas semanas se ha desplegado una campaña sistemática y organizada de desinformación que busca vincular falsamente al senador Cepeda con la extinta guerrilla de las Farc y con actividades relacionadas con el narcotráfico. El político asegura que detrás de estas acciones estaría el entorno cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, aunque no presentó nombres específicos en su declaración inicial ante el organismo internacional.
Los métodos denunciados incluyen estrategias de comunicación masiva como:
- Instalación de vallas publicitarias con mensajes difamatorios
- Difusión sistemática de contenidos en medios de comunicación tradicionales
- Utilización de redes de bodegas digitales para amplificar mensajes falsos
- Manipulación de material fotográfico histórico
Presión internacional y antecedentes judiciales
Cepeda también alertó sobre gestiones realizadas por sectores del uribismo ante oficinas federales de Estados Unidos con el objetivo de impulsar investigaciones en su contra. El senador recordó que en el pasado, situaciones similares dieron lugar a cuestionamientos judiciales importantes, como ocurrió con el caso del abogado Diego Cadena, quien enfrentó procesos legales por presuntas irregularidades.
En su declaración detallada, el candidato explicó que se han utilizado fotografías descontextualizadas de su participación en procesos de paz y se ha intentado revivir un supuesto archivo extraído del computador de Raúl Reyes, exintegrante del secretariado de las Farc. Sobre este material específico, Cepeda señaló que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ya se pronunció respecto a irregularidades en su obtención y cadena de custodia, cuestionando su validez probatoria.
Exclusión de consulta y denuncias ante el CNE
El aspirante presidencial cuestionó además una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, según su versión, lo excluyó de la participación en la consulta prevista para el 8 de marzo. Calificó esta determinación como una maniobra "sucia y tramposa" que afectaría directamente sus derechos políticos fundamentales y el principio de igualdad en la contienda electoral.
"Han sido puestas a funcionar toda una serie de campañas, mecanismos y métodos abiertamente ilegales y criminales por parte del uribismo para intentar infligir una derrota al Pacto Histórico", aseguró Cepeda durante el anuncio público de la denuncia internacional, enfatizando el carácter sistemático de las acciones que denuncia.
Solicitudes específicas a la CIDH
Ante este complejo panorama, Cepeda y las organizaciones acompañantes solicitaron formalmente a la CIDH:
- Un monitoreo especial y continuo del caso durante todo el proceso electoral
- Que requiera al Estado colombiano adelantar investigaciones urgentes con la debida diligencia
- La adopción de medidas de protección específicas que garanticen su vida e integridad personal
- Garantías para el pleno ejercicio de sus derechos políticos durante la campaña presidencial
Contexto de polarización política
El recurso ante el sistema interamericano se produce en un contexto de alta polarización política y crecientes tensiones entre sectores del oficialismo y la oposición en Colombia. La denuncia de persecución política y desinformación se suma al debate nacional sobre las garantías electorales de cara a los comicios de 2026, generando preocupación en organismos de observación internacional.
Mientras tanto, el caso podría escalar a instancias internacionales más formales si la CIDH decide admitir la solicitud y requerir información oficial al Estado colombiano, lo que marcaría un precedente importante en la protección de derechos políticos en procesos electorales latinoamericanos.
