Venezuela recibe más de 1.550 solicitudes de excarcelación bajo nueva ley de amnistía
Venezuela: 1.550 pedidos de excarcelación con nueva ley de amnistía

Venezuela procesa más de 1.550 solicitudes de excarcelación bajo nueva ley de amnistía

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha comenzado a liberar gradualmente a detenidos tras la captura del líder Nicolás Maduro, mientras Venezuela registra más de 1.550 solicitudes de perdón y excarcelación bajo una nueva ley de amnistía aprobada esta semana.

Respuesta gubernamental y cifras oficiales

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que hasta el sábado se habían recibido 1.557 pedidos de excarcelación, los cuales "se están atendiendo de inmediato y en estos momentos ya se están dando cientos de liberaciones". Durante un acto en Caracas, Rodríguez detalló que algunas excarcelaciones están en trámite en centros de detención como la Zona 7 y el Helicoide, aunque no reveló el número exacto de personas beneficiadas.

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el partido gobernante, aprobó el jueves la Ley de Amnistía, medida que según organizaciones de derechos humanos es restringida y no ofrece alivio a cientos de presos políticos en el país, incluidos militares. El presidente del legislativo añadió que 11.000 personas que recibieron medidas sustitutivas de privación de libertad serán atendidas por una comisión especial instalada tras la aprobación de la ley.

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Críticas de organizaciones de derechos humanos

La organización no gubernamental venezolana Foro Penal afirma que más de 600 presos políticos permanecen encarcelados, un recuento actualizado que incluye a aquellos cuyas familias, temerosas, no informaron previamente de su detención. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que la ley de amnistía es excluyente y crea una fractura entre presos políticos "amnistiables" y "olvidables".

"Una amnistía que excluye no repara, no reconcilia y no garantiza la no repetición", declaró la organización en un comunicado publicado en su cuenta de X. Foro Penal no considera como liberadas a las personas que salen de prisión bajo medidas de presentación en tribunales o que están obligadas a cumplir arresto domiciliario.

Casos específicos y testimonios familiares

Aurora Silva, esposa del líder opositor Freddy Superlano, denunció que su marido continúa con el "grillete en su tobillo" pese a la aprobación de la ley. "La puesta en libertad de él y de todos los presos políticos ya debería haberse materializado. Son cientos de miles las familias que mantienen la esperanza de que este proceso se cumpla cuanto antes", expresó Silva.

Superlano fue excarcelado y se le aplicó una sanción penal de casa por cárcel como parte del prolongado proceso de liberación. El dirigente opositor fue arrestado hace 18 meses después de las elecciones presidenciales de 2024, y su detención quedó grabada en un video donde se le veía siendo empujado a la parte trasera de un vehículo sin identificación, rodeado de agentes armados.

Exclusiones y aclaraciones oficiales

El diputado y presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, aclaró el viernes en la noche durante una entrevista con la televisión estatal que las personas que promovieron intervenciones militares y sanciones a Venezuela están excluidas de cualquier beneficio. El gobierno venezolano niega tener presos políticos y afirma que los encarcelados cometieron delitos.

Días antes de la aprobación de la ley, se reportaron casi 900 liberaciones, incluidas las de años anteriores. Las autoridades nunca han proporcionado una lista oficial de cuántos presos serán liberados ni quiénes son. Entre las figuras destacadas liberadas se encuentra el opositor Juan Pablo Guanipa, aliado de la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado, quien fue excarcelado en febrero y detenido horas después.

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Mientras tanto, el abogado Perkins Rocha, estrecho colaborador de Machado, permanece aún bajo una medida de casa por cárcel y con un grillete en el tobillo. La oposición venezolana y grupos de derechos humanos han denunciado durante años que el gobierno utiliza las detenciones para reprimir la disidencia, acusación que niegan las autoridades.