El precio oculto de las campañas electorales en Colombia
"¿Y mi plata?", pregunta el líder comunitario al joven que entrega las sillas plegables. "Toca que vaya a la sede", responde el encargado de apilar los asientos metálicos. Al caer la tarde, un grupo de vecinos se reunirá en un salón comunal para escuchar al candidato de turno, muchas veces sin conocer realmente su identidad o propuestas, a cambio de un modesto sándwich acompañado de gaseosa.
La democracia tiene un costo elevado
Nada de lo que sucede en estos escenarios es gratuito. La democracia representa una inversión significativa, como bien podría afirmar cualquier observador desprevenido, a pesar de los numerosos esfuerzos institucionales para protegerla. El alquiler de sillas, el transporte, los sistemas de sonido, los pregoneros, las camisetas promocionales, las gorras, los pasacalles, los volantes, los refrigerios y las propinas conforman una larga lista de gastos que rápidamente se acumulan.
Surgen entonces preguntas fundamentales: ¿quién termina pagando estos costos elevados? ¿De qué fuentes proviene el financiamiento? ¿Existe alguien responsable de llevar registros precisos de estos números? Aspirar a ser elegido en un país como Colombia dejó de ser un acto de fe hace mucho tiempo, especialmente cuando quienes intentan participar de manera legítima frecuentemente terminan en quiebra financiera.
La red de favores y empresas electorales
Este panorama ha dado paso a una intrincada red de favores políticos que reproduce, como se ha vuelto habitual, poderosas maquinarias electorales que se han perfeccionado con el paso del tiempo, operando ahora sin el menor rubor. Estas estructuras han aprendido a moverse en los límites de la legalidad, aprovechando vacíos normativos y la desinformación ciudadana.
La Red Santandereana por la Transparencia toma acción
Frente a esta realidad preocupante, la Red Santandereana por la Transparencia, conformada por el Instituto de Estudios Políticos de la UNAB, el Comité Transparencia por Santander, el programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos y diversos medios de comunicación regionales, lleva trabajando al menos ocho años en la publicación de alertas sobre el cumplimiento de los candidatos en sus obligaciones de reporte.
Su labor se centra específicamente en verificar que los aspirantes a cargos públicos presenten, en el portal Cuentas Claras, los informes individuales detallados de ingresos y gastos de sus campañas políticas. Los resultados hasta el momento son alarmantes: para el caso específico de los candidatos a la Cámara de Representantes, hasta el lunes 16 de febrero, solamente el once por ciento de los ochenta aspirantes inscritos había cumplido con esta obligación legal.
Una alianza poderosa para la vigilancia ciudadana
A esta iniciativa se ha sumado recientemente una potente alianza estratégica entre:
- Gremios económicos regionales
- Instituciones académicas
- Medios de comunicación locales
Esta coalición ha propiciado la organización de foros de conversación directa con candidatos que aspiran a ocupar escaños en el Capitolio Nacional durante los próximos cuatro años. El objetivo principal es permitir que la ciudadanía pueda conocer, de viva voz y sin intermediarios distorsionadores, quiénes son realmente estos personajes políticos, comprendiendo tanto sus virtudes como sus deficiencias.
Estos espacios buscan eliminar el ruido ensordecedor de los altavoces de campaña y contrarrestar la distorsión tendenciosa que se reproduce exponencialmente en grupos de WhatsApp y otras plataformas digitales, donde la desinformación se propaga con velocidad alarmante.
El derecho al voto informado como deber ciudadano
El derecho fundamental al voto conlleva implícitamente el deber de ejercerlo de manera debidamente informada. Esta responsabilidad se vuelve especialmente crucial en un contexto donde la democracia colombiana resiste, quizás como nunca antes en su historia, amenazas latentes que provienen tanto desde el exterior como desde el interior del sistema, todas con el potencial de socavar sus cimientos institucionales.
El desafío principal radica en hacer que el mensaje de transparencia y responsabilidad llegue hasta ese líder comunal que, por unos pesos adicionales, podría estar comprometiendo la legitimidad de su función representativa. No cabe espacio para el desistimiento en este ejercicio de largo aliento que, en ocasiones, parece avanzar con la lentitud de una bicicleta estática.
La cuenta final de estas prácticas opacas, al término del proceso electoral, la terminamos pagando entre todos los ciudadanos colombianos, usted y yo incluidos, a través del deterioro de la calidad democrática y la perpetuación de sistemas que privilegian intereses particulares sobre el bien común.
