La Asociación de Medios de Información (AMI), que representa por más de seis décadas al periodismo profesional en Colombia, ha elevado una voz de alerta ante el Congreso de la República respecto al Proyecto de Ley 543 de 2026C, dirigido a financiar la salud mental y proteger a los menores en entornos digitales.
Si bien el gremio reconoce y respalda la urgencia de profundizar en esa protección, ha advertido que la redacción actual de la iniciativa adolece de una imprecisión técnica que pone en riesgo la libertad de prensa y la sostenibilidad de la información de calidad.
El núcleo de la preocupación
La principal inquietud radica en la “ausencia de una diferenciación adecuada” entre los actores del ecosistema digital. El proyecto pretende imponer una contribución del 9% sobre los ingresos brutos de publicidad y suscripciones a cualquier persona jurídica que opere en la red. Bajo esta premisa, se asimila erróneamente a los medios de comunicación que han migrado total o parcialmente sus modelos de negocio al entorno digital para sobrevivir, con las grandes plataformas tecnológicas y redes sociales.
Coincidimos con AMI en que los medios y las redes sociales tienen naturalezas opuestas. Mientras las redes operan bajo lógicas de algoritmos diseñados para capturar la atención de manera intensiva y a menudo nociva, el periodismo profesional privilegia la calidad, el criterio editorial y la formación ciudadana. Las suscripciones digitales y la pauta digital no son herramientas de “viralidad”, sino los pilares actuales que permiten financiar el ejercicio del derecho a la información en nuestra democracia.
Impacto en la sostenibilidad del periodismo
Gravar estos ingresos bajo la misma lógica que a las plataformas sociales supone desconocer la función constitucional y pedagógica de la prensa. Además, esta carga económica llega en un momento de transformaciones estructurales críticas para el sector. Mientras que en el resto del mundo democrático se legislan incentivos fiscales para promover la inversión en medios y suscripciones, esta propuesta camina en contravía, debilitando las fuentes de financiación que garantizan la independencia editorial y el pluralismo informativo.
La posición aquí comentada está en conocimiento de las congresistas ponentes, quienes tendrán la responsabilidad de valorar estos análisis para evitar confusiones de interpretación.
Un llamado al Congreso
Imponer un gravamen de esta magnitud a los medios digitales no es solo un asunto contable; es una medida que afecta las condiciones materiales necesarias para el periodismo. Sin sostenibilidad no hay voces diversas, y sin diversidad se fractura el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Por ello, es imperativo que el Congreso replantee el ámbito de aplicación del proyecto y excluya explícitamente a los medios de comunicación, cuya actividad es ajena a los riesgos de salud mental que la ley busca mitigar.
