Ante el grave panorama fiscal que enfrenta Colombia, con un incremento previsto en la deuda, el gasto y menores ingresos, el Centro de Pensamiento Económico Anif ha propuesto una serie de medidas para superar la crisis. José Ignacio López, presidente de Anif, señaló que el país requiere un ajuste del PIB de 3 puntos porcentuales en el corto plazo.
Un esfuerzo colectivo
“Se va a requerir un esfuerzo de todos, es decir, 3 puntos del PIB en ajuste, no los vamos a levantar con una única receta. Desafortunadamente no hay una solución única que no requiera un esfuerzo de todos los colombianos”, afirmó López. El experto indicó que presentarán su propuesta detallada a las campañas presidenciales, aunque reconoció que algunas medidas serán impopulares.
El ajuste incluirá una reducción y eficiencia del gasto estatal, que actualmente es uno de los más grandes en comparación con periodos de crisis. “$14 billones de ajuste por el lado de funcionamiento, $27 billones por el lado de inversión, y la noticia impopular es que no logramos llegar a los 3 puntos de PIB solo con austeridad; nos toca incluir mayores ingresos”, explicó.
Estructura del plan de Anif
El plan se divide en varios frentes. El primero corresponde a un ajuste en la infraestructura del Estado, con el que se recaudarían $14 billones. Esto incluye un ajuste en el precio de los combustibles, cambios en la infraestructura estatal, reducción del 50% de los gastos discrecionales en compra de bienes, ajustes en puestos creados en la Rama Judicial, Fiscalía y órganos autónomos. También se propone un incremento salarial ajustado al IPC, un cambio en el esquema tributario de cuotas moderadoras en el régimen contributivo, modificación de viáticos, reducción del 15% en OPS y una disminución del 2% de la nómina de funcionarios de libre nombramiento y remoción.
El grueso del ajuste fiscal se concentrará en la reducción de los gastos de inversión, con una expectativa de recaudo de $27 billones. Aquí se plantea recortar el 30% de la inversión discrecional para 2027 (OPS, vigencias futuras y subsidios), un mayor control de evasión del 100% del régimen subsidiado de salud, la terminación de contratos con Asociaciones Público-Populares con ejecución inferior al 75%, y una reducción del 45% de las OPS creadas entre 2022 y 2026. Además, se espera recortar el 30% de la inversión no comprometida en agosto de 2026, eliminar el 100% de la contratación de equipos básicos en salud, no prorrogar el 50% de los contratos que terminan en el último trimestre de 2026, ajustar el 40% de los subsidios de la Nación a la insuficiencia tarifaria de sistemas de transporte masivo, limitar la gratuidad en instituciones de educación superior públicas a estratos 1-4, revisar y eliminar el 10% de OPS en entidades específicas dentro del top 15 de gasto, y depurar el 15% del Rase con información de la DIAN y catastro.
Reforma tributaria por $12 billones
Otro punto clave es una nueva reforma tributaria que recaudaría $12 billones. Entre las medidas se incluye modificar la exención de pagos en efectivo (de 40.000 UVT a 10.000 UVT), reducir el umbral para el impuesto de renta (de 1.090 UVT a 1.000 UVT), aplicar un tributo del 10% a pensiones superiores a 5 salarios mínimos, un IVA a juegos de azar, eliminar rentas exentas en personas jurídicas y reducir en un 50% las rentas exentas especiales.
También se contempla una reducción en el gasto de funcionamiento de 0,7 del PIB mediante la baja de vacantes en nóminas públicas y el congelamiento de cargos. “Tenemos un número importante de vacantes que aún no se han llenado, pero están apropiadas. En este momento la situación fiscal no está para crear más vacantes y contratar más personas en el sector público; esto nos da $2,2 billones”, señaló López.
Además, el país necesita una simplificación del Estado, ya que hay muchas duplicidades. “Entidades que se pueden simplificar, lo que implicaría un recaudo de $2,9 billones”, agregó. En eficiencia, reducción de subsidios y programas, se espera obtener cerca de $8,5 billones.
Eliminación gradual del subsidio al diésel
Uno de los puntos más sensibles es la racionalización de subsidios, en especial el subsidio al diésel. “Es muy costoso para el Estado. Desde que se implementó hasta este año podría estar acumulando $136 billones, equivalente a construir 5 líneas del metro de Bogotá. Hay que hacer un plan de ajuste muy gradual, porque no se trata de hacer que el sector transporte no sea viable de la noche a la mañana, pero necesitamos hacer el programa de ajuste”, explicó López.
Finalmente, se propone una indexación más hacia el IPC y no hacia el salario mínimo, con lo que se liberarían $0,4 billones.
