Corte Suprema ordena captura de representante electa por curul de paz de Arauca
Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas popularmente como curules de paz, enfrentan un momento crítico tras la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra Karen Manrique, representante reelecta por el departamento de Arauca con 5.640 votos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. Esta decisión judicial podría reducir a 15 el número de escaños destinados a las víctimas del conflicto en la Cámara de Representantes, uno menos de lo pactado originalmente en el Acuerdo de Paz.
Indicios de corrupción en la UNGRD
Tras analizar una ponencia del magistrado Misael Rodríguez, la Sala de Instrucción del alto tribunal determinó que existen indicios suficientes sobre la presunta participación de la congresista Karen Manrique en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En el mismo proceso, el tribunal también ordenó la captura del congresista Wadith Manzur, ampliando el espectro de la investigación.
Según las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López -uno de los principales investigados en este escándalo-, la congresista habría actuado como "emisaria" del Gobierno en la Cámara de Representantes para facilitar contratos por más de 92.000 millones de pesos a cambio de respaldos legislativos. El exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, también señaló a Manrique, indicando que un contrato específico por más de 32.000 millones de pesos en el municipio de Saravena habría sido direccionado para favorecer intereses cercanos a la congresista, particularmente los de su esposo.
Consecuencias para la curul de paz
Diego Alejandro Rubiano, director del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral, explicó que en este tipo de casos podría aplicarse la figura de la silla vacía, que impide que un congresista sea reemplazado cuando es privado de la libertad por determinados delitos graves. "Para que esa consecuencia opere, lo primero que debe ocurrir es que quede en firme la decisión de la Corte Suprema de Justicia", señaló Rubiano.
El experto agregó que además debe materializarse efectivamente la captura de la congresista. "A partir de ese momento se activa el régimen constitucional de responsabilidad política, previsto en el artículo 107 de la Constitución y normas concordantes, que regula específicamente la figura de la silla vacía", precisó. El nuevo Congreso, que iniciará sus funciones el próximo 20 de julio, tendrá que pronunciarse durante el siguiente periodo constitucional para decidir si mantiene esa silla vacía o toma otras determinaciones al respecto.
Impacto en las curules de paz
Esta situación representa un duro golpe para el sistema de representación especial creado por el Acuerdo de Paz, que buscaba garantizar la participación política de las víctimas del conflicto armado. La posible reducción a 15 curules de paz marca un retroceso significativo en los compromisos adquiridos, generando incertidumbre sobre el futuro de esta figura de representación.
La investigación continúa su curso, mientras la opinión pública espera el desarrollo de los acontecimientos judiciales y las decisiones que tomará el próximo Congreso de la República frente a este delicado caso que involucra a una representante electa mediante el mecanismo especial de las curules de paz.
