En medio de la conmemoración del Día del Trabajo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó el Conpes 4189, una hoja de ruta que define la política laboral del país para la próxima década. Este documento, que cuenta con una inversión de 1,82 billones de pesos, se convierte en el brazo financiero de la reforma laboral recién aprobada. El anuncio fue realizado en Medellín por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó que el objetivo es impulsar “transformaciones estructurales para garantizar condiciones laborales más justas en el país”.
La implementación del Conpes será gradual y se extenderá hasta el año 2035, con un seguimiento semestral a cargo del Departamento Nacional de Planeación. En su ejecución participarán 12 entidades del orden nacional, entre las que se destacan los ministerios del Trabajo, Minas y Energía, Ambiente, Educación, Comercio, Industria y Turismo, así como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Servicio Público de Empleo, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
104 acciones y mayor inversión para el Sena
La política laboral contempla 104 acciones concretas a ejecutarse en un periodo de 10 años. La inversión estimada de 1,82 billones de pesos se concentrará en cinco frentes estratégicos: empleo en transición energética y digital, reducción de brechas laborales, fortalecimiento de derechos laborales, mayor acceso a protección social y promoción del diálogo social.
El Sena será el principal receptor de estos recursos, con una asignación de 1,47 billones de pesos destinados principalmente a la formación de talento para nuevos empleos, especialmente en sectores vinculados a la transición energética. Cabe recordar que en la reforma laboral (Ley 2466 de 2025), los estudiantes del Sena fueron uno de los grupos más beneficiados, y durante los debates legislativos se hicieron presentes con carteles y arengas para respaldar la iniciativa que entró en vigencia en junio del año pasado.
Transición a empleos verdes
El primer frente de acción se enfoca en la transición justa de la fuerza laboral frente a los cambios energéticos y tecnológicos. Se propone la creación de una Mesa Intersectorial de Transición Justa y Empleos Verdes, en la que participarán trabajadores y empleadores para impulsar procesos de reconversión laboral.
En este marco, el Ministerio de Minas desarrollará programas dirigidos a 14.000 trabajadores afectados por cierres en el sector carbonífero, con el objetivo de facilitar su transición hacia nuevas actividades productivas. Además, el Sena iniciará desde 2026 programas de formación enfocados en empleos verdes. Según el Ministerio, Colombia tendría el potencial de generar hasta 15 millones de empleos verdes netos hacia 2030, lo que convierte este frente en uno de los pilares estratégicos de la política.
Reducción de brechas laborales
El segundo eje está orientado a disminuir las barreras de acceso al empleo formal para poblaciones históricamente excluidas, como jóvenes, vendedores informales, trabajadores de la economía popular, personas en actividades sexuales pagadas, población LGBTIQ+, víctimas del conflicto, campesinos, mujeres y grupos étnicos.
Entre las acciones destacadas se encuentra la implementación de una estrategia territorializada de empleo juvenil, que priorizará las ciudades con mayores niveles de desempleo en este segmento. También se desarrollará un programa entre 2027 y 2034 para fortalecer a los vendedores informales, con un enfoque que descarta desalojos y propone alternativas como acceso a financiamiento, formación empresarial y vinculación a redes de comercialización.
Otro cambio relevante es el reconocimiento del cuidado remunerado como sector laboral, lo que implicará la expedición de un acto administrativo para avanzar en su formalización. Adicionalmente, se pondrá en marcha una estrategia nacional para fortalecer iniciativas económicas lideradas por mujeres en actividades sexuales pagadas, que incluirá unidades móviles de derechos, acceso a instrumentos financieros, formación y orientación para la reconversión laboral, sin criminalización.
Cumplimiento de normas laborales
El tercer frente se enfoca en fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas laborales. La meta es duplicar el número de inspectores de trabajo hasta alcanzar el estándar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de un inspector por cada 10.000 trabajadores.
Entre las acciones específicas se incluyen inspecciones sorpresa a cultivos de flores durante temporadas de alta demanda, como San Valentín y el Día de las Madres, especialmente en municipios de Cundinamarca y Antioquia. También se implementarán inspecciones puerta a puerta en ocho ciudades capitales para verificar condiciones laborales en el trabajo doméstico, donde actualmente el 83% de las trabajadoras no cuenta con seguridad social. A esto se suman lineamientos para prevenir la discriminación hacia trabajadores de plataformas digitales de reparto, con orientaciones dirigidas a las empresas del sector.
Protección contra el desempleo
El cuarto eje aborda el acceso a prestaciones sociales de calidad. Uno de los principales cambios será el rediseño del mecanismo de protección al desempleo, con el objetivo de ampliar su cobertura a trabajadores informales y de la economía popular. Actualmente, solo el 0,6% de los desempleados accede a este beneficio.
La política también contempla la creación de lineamientos para fortalecer programas sociales orientados a reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Un componente novedoso es la incorporación de los derechos menstruales en el ámbito laboral. Esto incluye medidas como la promoción del trabajo en casa, horarios flexibles y el acceso a productos de higiene menstrual, con el fin de garantizar condiciones dignas para las trabajadoras.
Creación de 10 escuelas sindicales
El quinto frente se enfoca en el fortalecimiento del diálogo social y la resolución de conflictos laborales. En este marco, se crearán escuelas de formación sindical entre 2026 y 2034 en los 10 departamentos con mayor conflictividad laboral. Asimismo, se realizará un nuevo censo sindical, el primero desde 2018, que permitirá contar con datos actualizados sobre organizaciones sindicales y procesos de negociación colectiva.
La política también impulsa la territorialización de las acciones laborales, mediante el fortalecimiento técnico de las Subcomisiones Departamentales de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, así como la asistencia a entidades territoriales para mejorar sus capacidades. Como incentivo, se creará el Sello de Trabajo Digno y Decente, un reconocimiento dirigido a empresas, sindicatos y territorios que implementen buenas prácticas en inclusión laboral, diálogo social y resolución de conflictos.
