Gobierno colombiano ha recurrido a estados de excepción con frecuencia preocupante
Durante los últimos tres años y medio, el gobierno nacional ha decretado cuatro estados de excepción, una cifra que genera profundas reflexiones sobre el equilibrio institucional en el país. Esta situación incluye un estado de conmoción interior para la región del Catatumbo y tres emergencias económicas específicas: una para La Guajira, otra relacionada con la caída en la ley de financiamiento y una tercera por la ola invernal en Córdoba.
Una tendencia que preocupa a analistas
Si se contabilizan tanto los estados de excepción efectivamente decretados como aquellos anunciados pero no implementados, la cifra alcanzaría ocho ocasiones. Esto significa que, en promedio, esta administración ha intentado implementar dos estados de excepción por año, logrando finalmente uno anual. Esta frecuencia plantea interrogantes significativos sobre el funcionamiento normal de las instituciones democráticas.
En la práctica, esta situación ha significado que el gobierno ha operado con facultades constitucionales ampliadas que le permiten emitir decretos legislativos sin necesidad de pasar por el proceso de aprobación del Congreso de la República. Este escenario representa un gobierno con menos contrapesos institucionales de los que normalmente existen en un sistema democrático.
Reacciones institucionales y tensiones de poder
Esta realidad ayuda a comprender las tensiones que se han manifestado en diferentes ámbitos:
- La molestia gubernamental ante la autonomía del Banco de la República
- Las llamadas de atención del Consejo de Asuntos Fiscales (CARF)
- Las negativas del Congreso a proyectos de ley considerados inconvenientes
- Las decisiones judiciales para contener posibles abusos en decretos y leyes
- El papel crítico de los medios de comunicación
- Los controles ejercidos por organismos como la Registraduría, Contraloría, Consejo Nacional Electoral y Procuraduría
Manejo presupuestal y decisiones económicas cuestionadas
El gobierno ha presentado en dos ocasiones presupuestos desfinanciados, buscando posteriormente leyes de financiamiento que solucionen lo que algunos analistas califican como incapacidad de gestión presupuestal. El resultado final ha sido la expedición de leyes de presupuesto mediante decreto, lo que limita el debate democrático sobre el uso de los recursos estatales.
Cuando esta estrategia no ha funcionado, la respuesta ha sido decretar estados de emergencia económica, como sucedió en 2025. Un caso similar ha sido la suspensión de la regla fiscal sin argumentos técnicos sólidos, también mediante decreto, lo que permite aumentar el endeudamiento y el déficit fiscal sin límites claros.
Consecuencias económicas y democráticas
La situación actual ha sido comparada con la metáfora de "sapos en una olla que gradualmente aumenta de temperatura", donde la acumulación de noticias diarias, escándalos y hechos violentos va tapando la gravedad de lo que ocurre a nivel institucional. Sin embargo, las consecuencias son reales y profundas:
- Colombia es hoy el segundo país de la OCDE con el mayor déficit del mundo
- Se ha perdido la histórica macro prudencia reconocida por inversionistas y calificadoras
- El costo de riesgo país ha crecido entre 35% y 60%
- La inversión privada en relación al PIB muestra el peor dato en más de tres décadas
- La confianza en instituciones, democracia y economía se ha deteriorado
- Los problemas estructurales en salud y energía tienen consecuencias en vidas humanas
- La inseguridad e ilegalidad crecen a tasas de dos dígitos, limitando el acceso a territorios
Reflexiones para el futuro democrático
Frente a este panorama, analistas destacan que las decisiones electorales de marzo, mayo y junio de 2026 serán cruciales para el futuro institucional del país. Colombia ha mantenido históricamente una de las democracias más antiguas y sólidas de Latinoamérica, y preservar este legado requiere respetar los pesos y contrapesos del sistema, incluso cuando no sean del agrado de todos.
El desafío actual es fortalecer las instituciones democráticas para evitar que en el futuro alguien abuse de ellas o proponga mecanismos constitucionales manipulados para gobernar sin los controles necesarios. La salud de la democracia colombiana depende de mantener un equilibrio adecuado entre los diferentes poderes del Estado.
