La narrativa gubernamental y la demonización de la derecha en Colombia
En los últimos años, y con especial intensidad durante los últimos meses, hemos presenciado una narrativa persistente impulsada desde el Gobierno Nacional, el Pacto Histórico y sus precandidatos afines. Su objetivo central es evitar a toda costa el retorno de la derecha al poder, presentándola como la antítesis absoluta del progreso y como la causa fundamental de todos los males que aquejan al país. Bajo este relato cuidadosamente construido, la derecha no aparece como una postura política legítima dentro del espectro democrático, sino como una fuerza esencialmente destructiva de la cual el pueblo colombiano debe ser "salvado" mediante intervenciones políticas específicas.
La transformación de una ideología en estigma social
En Colombia se ha logrado algo verdaderamente insólito en el contexto democrático: convertir una postura ideológica en un estigma social de proporciones considerables. Se ha difundido y consolidado la idea de que pertenecer a la derecha —o simplemente manifestar desacuerdo con el proyecto oficialista— constituye casi un delito moral de graves consecuencias. La expresión "es de derecha" ha dejado de funcionar como una descripción política neutral para transformarse en una acusación cargada de connotaciones negativas. Pero debemos preguntarnos: ¿bajo qué lógica democrática puede justificarse esta transformación?
Ser de derecha no constituye ningún delito en un Estado de derecho. No es ilegal creer en los principios de la economía de mercado, defender la propiedad privada como institución fundamental, o exigir que la autoridad estatal cumpla con su obligación primordial de proteger a los ciudadanos colombianos frente a la delincuencia organizada. Tampoco representa ninguna transgresión legal o moral creer en la responsabilidad individual como valor social, en la familia como núcleo básico de la sociedad, en el mérito personal como motor de movilidad social ascendente, o en una solidaridad que combine adecuadamente el apoyo social con la generación de oportunidades reales para el progreso colectivo. Estos principios forman parte esencial del pluralismo democrático que debería caracterizar a cualquier sociedad libre.
La peligrosa simplificación del debate político
Lo que sí resulta genuinamente peligroso para la salud democrática es instalar en el imaginario colectivo la idea de que quien no repite mecánicamente el libreto oficial se convierte automáticamente en un "enemigo del pueblo". Esta simplificación extrema reduce el debate político complejo a una caricatura moral maniquea: ellos representan exclusivamente el bien; los demás encarnan necesariamente el mal. Esta reducción elimina los matices, anula la posibilidad del diálogo constructivo y convierte la política en un campo de batalla ideológico donde no hay espacio para posiciones intermedias.
Sin embargo, el daño más profundo y duradero que ha causado la administración del presidente Gustavo Petro es la división deliberada y sistemática del país. Al fracturar artificialmente a Colombia entre derecha e izquierda, entre ricos y pobres como categorías antagónicas, ha resucitado una lucha de clases que solo genera resentimiento social y polarización institucional. En lugar de convocar a un gran pacto social donde todos los sectores tuvieran cabida y representación, decidió acusar de "depredadores" a quienes piensan diferente, autoproclamándose como el único intérprete legítimo de un "pueblo progresista" conceptualmente homogéneo.
Las consecuencias de la división para el desarrollo nacional
Un país profundamente dividido no puede prosperar de manera sostenible. El desarrollo integral no se logra tildando de "fascista" o "retrógrado" a todo ciudadano que disienta de la línea oficial. Estoy firmemente convencida de que la gran mayoría de los colombianos compartimos objetivos fundamentales similares: vivir mejor, acceder a oportunidades genuinas, disfrutar de seguridad ciudadana efectiva, contar con un sistema de salud que funcione adecuadamente y recibir una educación pública de calidad. La diferencia real no reside en los objetivos últimos, sino en los caminos que proponemos para alcanzarlos.
¿Se logra el bienestar colectivo destruyendo sistemáticamente el sector productivo nacional o debilitando crónicamente la inversión privada? ¿Se alcanza mediante reformas estructurales que intentan arreglar un sector específico mientras devastan paralelamente otros sectores económicos? ¿O se consigue sentando a todos los actores relevantes alrededor de una mesa de diálogo para preguntarse honestamente cómo hacemos para que todos ganen algo significativo y nadie lo pierda todo en el proceso?
Hacia un proyecto nacional de equilibrio y consenso
Un proyecto serio y viable de país exige equilibrio institucional y pragmatismo político. Exige comprender que el empresario no es necesariamente el enemigo natural del trabajador y que el crecimiento económico sostenible y la equidad social no son objetivos excluyentes sino complementarios. Colombia necesita urgentemente menos trincheras ideológicas y más acuerdos fundamentales de largo plazo; menos insultos de carácter ideológico y más construcción técnica basada en evidencia; menos épica revolucionaria retórica y más resultados concretos medibles en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Por estas razones fundamentales, de cara al futuro político inmediato, me gustaría escuchar de los candidatos presidenciales algo sustancialmente diferente. Me gustaría escuchar propuestas concretas sobre cómo piensan unir al país en lugar de dividirlo aún más; cómo generarán crecimiento económico inclusivo con equidad social verificable; y cómo implementarán reformas estructurales sin destruir la confianza institucional básica. Gobernar democráticamente no consiste simplemente en ganar una elección para imponerse sobre la otra mitad del electorado; gobernar genuinamente significa lograr que incluso quienes no votaron por usted sientan que hacen parte legítima del proyecto nacional compartido.
La erosión democrática y el camino a seguir
Esa capacidad integradora es, precisamente, lo que más nos falta en el actual momento político. Porque cuando la política deja de ser un debate racional de ideas y se convierte en una condena moral prejuiciada, la democracia misma se erosiona progresivamente. Y esa erosión debería preocuparnos profundamente a todos los colombianos, independientemente de nuestra filiación política particular.
Colombia no es una caricatura simplista de buenos contra malos, ni el futuro de una nación compleja puede escribirse con el borrador amargo del resentimiento histórico. Las etiquetas políticas son pasajeras y cambiantes, pero las instituciones sólidas y la convivencia pacífica son lo único que nos queda cuando los discursos grandilocuentes se apagan finalmente y la realidad cotidiana se impone con toda su crudeza. Ha llegado el momento histórico de recuperar una política madura donde pensar diferente sea considerado un valor democrático fundamental y no un estigma social excluyente. Porque la verdadera justicia social no nace de ganar una guerra política contra la otra mitad del país, sino de la capacidad colectiva de construir una nación donde todos, por fin, sintamos genuinamente que cabemos y tenemos un lugar legítimo.
