La tensión entre el Ejecutivo y los organismos de control electoral ha alcanzado un nuevo punto crítico. A través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente Gustavo Petro lanzó una ofensiva frontal contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), calificando de “ilegal e injustificada” la reciente sanción impuesta contra su campaña presidencial por presuntos sobretopes económicos.
Le puede interesar: Misterio en Medellín: Hallan sin vida a ciudadano egipcio en hotel del barrio Belén
El mandatario no solo rechazó la decisión, sino que cuestionó la lógica jurídica detrás de la misma y señaló directamente a sectores de la oposición como los artífices de un proceso que considera viciado desde su origen.
El debate por el “sobretope” electoral
El eje central de la indignación presidencial radica en la interpretación de los tiempos de campaña. Según Petro, el CNE habría incurrido en un error conceptual al contabilizar gastos de eventos posteriores a la contienda.
“¿Cómo se le ocurre llamar sobretope electoral al evento de mi triunfo a la presidencia? ¿Acaso no se hace después de la campaña, que tiene fecha de inicio y terminación por ley?”, cuestionó el mandatario en su publicación. Para el jefe de Estado, incluir eventos de celebración post-electoral dentro de los límites de gastos de campaña carece de sustento legal.
Acusaciones de persecución política
Fiel a su estilo combativo, Petro vinculó el fallo con una estrategia de la oposición uribista para desestabilizar su gobierno. En sus declaraciones, afirmó que el proceso carece de legitimidad debido a la presencia de consejeros a los que tildó de “sub judice”.
“A mi campaña la juzgó la oposición uribista y sus consejeros sub judice en el CNE, y no aceptamos ese proceso, es nulo”.
Denuncia por prevaricato: La respuesta jurídica
La controversia no quedará únicamente en el plano de la opinión pública. El presidente anunció que ha solicitado iniciar una denuncia por prevaricato contra los magistrados que avalaron la sanción.
El argumento de la defensa presidencial se basa en que la decisión fue declarada inconstitucional, por lo que los funcionarios habrían actuado en contra de la ley vigente. “Esa decisión debe ser corregida legalmente”, concluyó el mandatario, dejando claro que agotará todas las instancias judiciales para revertir la medida del organismo electoral.
