La Procuraduría General de la Nación ha decidido abrir una investigación disciplinaria para determinar si se cometieron irregularidades en el proceso de toma de posesión y en el nombramiento de directivos dentro de la Nueva EPS, entidad que se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional desde el año 2024 y hasta abril de 2027.
Investigados: Luz María Munera Medina y Jorge Iván Ospina
La pesquisa se centra en dos personas: Luz María Munera Medina y Jorge Iván Ospina. La primera se desempeñó como superintendente de salud ad hoc hasta hace poco, durante el periodo en que Bernardo Camacho ocupaba el cargo de superintendente de salud. Cabe recordar que Camacho, antes de asumir ese puesto, había sido interventor de la Nueva EPS, lo que le impedía legalmente tomar decisiones relacionadas con la entidad. Por su parte, Ospina fue designado como interventor de la Nueva EPS hace poco más de dos semanas.
Posible extralimitación de funciones
Lo que ha llamado la atención del Ministerio Público es que, según la información preliminar, podría haber existido una extralimitación de funciones, es decir, que se habrían tomado decisiones sin contar con las competencias legales necesarias. Además, se menciona la posibilidad de que no se hubieran cumplido los requisitos exigidos para asumir dichos cargos.
Origen de la investigación
La investigación se originó a raíz de un informe remitido por la propia Procuraduría Delegada para la Salud, en el que se alertaba sobre supuestas irregularidades tanto en el proceso de toma de posesión de la Nueva EPS como en el nombramiento de Jorge Iván Ospina. A partir de esa alerta, la entidad decidió revisar formalmente lo ocurrido. Asimismo, se informó que la Procuraduría ya tenía conocimiento previo del caso mediante un oficio del Ministerio de Trabajo, que fue remitido por competencia y que guarda relación con los mismos hechos.
Recolección de pruebas y debido proceso
La Procuraduría ha ordenado la recolección de pruebas, incluyendo documentos ya aportados, y ha solicitado información adicional a la Superintendencia de Salud. Entre los documentos requeridos se encuentran los actos de nombramiento, las hojas de vida de los involucrados, los manuales de funciones y las actas de reuniones. También se ha establecido que los investigados podrán rendir versión libre, es decir, ofrecer su explicación sobre los hechos, y que tienen derecho a estar acompañados por un abogado, como parte del debido proceso.
Por ahora, la Procuraduría ha señalado que no se está concluyendo responsabilidades, sino que se formaliza la apertura de la investigación para examinar si hubo o no irregularidades disciplinarias. El caso continúa en desarrollo.
