La justicia colombiana dio un nuevo paso en el proceso contra la actriz y exreina de belleza cartagenera Yeimy Paola Vargas Gómez. Este jueves 30 de abril de 2026 se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía General de la Nación formalizó señalamientos por presuntas irregularidades en documentos presentados para contratar con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).
Audiencia reservada y sin aceptación de cargos
La diligencia judicial se realizó de manera reservada, sin acceso a medios de comunicación. Sin embargo, se conoció que la procesada asistió a la audiencia y decidió no aceptar los cargos imputados por el ente acusador, lo que abre paso a nuevas etapas dentro del proceso penal. Según la Fiscalía, una delegada de la Seccional Bolívar imputó a Vargas los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente, en relación con un contrato suscrito en 2025 con el IPCC.
Detalles del contrato y las presuntas irregularidades
De acuerdo con la investigación, el caso se remonta a un contrato firmado en marzo de 2025, cuyo objeto era la prestación de servicios de apoyo a la gestión en temas relacionados con la protección del patrimonio cultural de Cartagena. El acuerdo tuvo una duración de nueve meses y un valor cercano a los 55 millones de pesos. No obstante, fue terminado de manera anticipada en agosto de ese mismo año, en medio de cuestionamientos públicos sobre los requisitos que sustentaron su adjudicación.
La Fiscalía sostiene que Vargas habría presentado un documento académico presuntamente falso a través de la plataforma Secop II. En dicho soporte se le acreditaba como técnica laboral en actuación y teatro, supuestamente expedida por una institución de Bucaramanga. Ese documento habría sido determinante para que la contratista accediera a una mejor clasificación dentro de la tabla de honorarios, lo que se tradujo en una mayor remuneración durante la ejecución del contrato.
Posible detrimento patrimonial
Uno de los puntos centrales del proceso es el presunto impacto económico derivado de esta actuación. Según el ente acusador, el uso del título cuestionado habría permitido que Vargas se apropiara de manera indebida de 8.647.500 pesos, cifra correspondiente a la diferencia en los honorarios derivados de su nivel de formación reportado. Para la Fiscalía, este hecho configuraría no solo una irregularidad documental, sino también un posible detrimento de recursos públicos, lo que sustenta el cargo de peculado por apropiación.
A pesar de estos señalamientos, la defensa de la exreina optó por no aceptar los cargos, lo que implica que el proceso continuará en fase de investigación y eventual juicio, donde se evaluarán las pruebas y argumentos de ambas partes.
Un segundo contrato bajo escrutinio
Otro elemento que ha generado debate es que, pese a la controversia del primer contrato, Vargas volvió a ser vinculada por la Alcaldía de Cartagena en 2026 mediante un nuevo contrato por valor de 18 millones de pesos. Se pudo establecer que en esta segunda contratación la exreina presentó su hoja de vida sin incluir el documento académico cuestionado, siendo vinculada bajo el perfil de bachiller. Desde la administración distrital se ha defendido esta decisión bajo el principio de presunción de inocencia, señalando que, al no existir una condena ni una inhabilidad vigente, no había impedimento legal para su contratación.
Lo que sigue en el proceso
Con la imputación formalizada, el caso entra ahora en una fase clave en la que la Fiscalía buscará sustentar su teoría del caso y determinar si existen responsabilidades penales. Asimismo, no se descarta la vinculación de otros actores relacionados con la revisión y aprobación de los documentos en el proceso contractual. Por ahora, la situación jurídica de Yeimy Paola Vargas sigue sin resolverse de fondo. Será la justicia la encargada de definir si los hechos investigados constituyen delitos y si hubo afectación al patrimonio público.
