El gobierno de Abelardo De La Espriella, que se posesiona el próximo 7 de agosto, enfrentará una serie de retos en salud al recibir un sistema desfinanciado, con incremento del gasto de bolsillo y una situación crítica para los pacientes. Actores del sector sostienen que la administración de Gustavo Petro deterioró el sistema, llevándolo a peores indicadores y aumentando las barreras de acceso.
Un sistema en cuidados intensivos
El Ph. D en Salud, Ramón Abel Castaño, señaló a Portafolio que De La Espriella recibirá un sistema afectado financieramente, con patrimonio negativo, producto de decisiones del Gobierno actual que desfinanciaron deliberadamente el valor de la UPC. "El sistema llegó a sus peores indicadores en términos de tutelas, peticiones, quejas, reclamos", afirmó Castaño.
Luz Victoria Salazar, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal (Acopel), destacó que el nuevo gobierno recibe un sistema sometido a múltiples tensiones. "Con la paradoja de que habíamos conseguido uno de los modelos con mayor cobertura y ampliamente solidario en América Latina, pero que hoy enfrenta una crisis con problemas financieros, administrativos y de gobernanza que lo han deteriorado", indicó.
Las tensiones del sector
Salazar enlistó las tensiones: crisis de flujo e insuficiencia de recursos que afecta a EPS, IPS, gestores farmacéuticos y proveedores; intervenciones administrativas sobre varias EPS que empeoraron la atención; debilitamiento de rutas integrales de atención; pérdida de confianza; aumento de incertidumbre; polarización política; y aumento de quejas, tutelas y acciones administrativas de protección del derecho a la salud.
Desde la visión de los pacientes, la herencia de Petro en salud es negativa. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, afirmó: "Es una crisis humanitaria. Esto solo nos deja un aumento de la carga de enfermedad con 1.000 muertes evitables. Las víctimas requieren verdad, justicia, reparación y no repetición. Esa es la herencia en salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, donde, definitivamente, en materia de salud, se rajó".
Prioridades urgentes para el nuevo gobierno
Los actores consultados coinciden en puntos de vital urgencia. Ramón Abel Castaño propone un plan de choque en los primeros tres a seis meses para irrigar recursos al sistema, no solo a EPS sino a toda la cadena productiva: hospitales, clínicas, centros médicos, y que estos paguen a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud.
Luz Victoria Salazar mencionó prioridades impostergables: garantizar la continuidad de tratamientos, priorizando pacientes con enfermedades huérfanas; estabilizar financieramente el sistema; asegurar abastecimiento de medicamentos para enfermedades raras; fortalecer el ente regulador; y asegurar la participación de organizaciones de pacientes en políticas públicas.
Denis Silva insistió en declarar la emergencia sanitaria en salud, de la mano con la Corte Constitucional, para identificar actuaciones inconstitucionales. "La segunda situación es dar pleno cumplimiento a los autos de la Corte Constitucional y financiar debidamente el sistema", agregó. Además, pidió nombrar un ministro con capacidad de escucha, conocimiento pleno del sistema y que logre convocar a los actores garantizando la participación. "Ser un buen gerente de salud es lo que tiene que hacer un ministro. La salud es un derecho fundamental, no un favor", concluyó.
Deterioro en la salud de los pacientes
Tanto Salazar como Silva reiteraron que los pacientes viven una situación crítica. Cualquier interrupción en la atención tiene consecuencias irreversibles sobre la progresión de enfermedades y riesgo de muerte. "Han aumentado los tiempos de diagnóstico por falta de atención oportuna con especialistas, barreras administrativas para acceder a consultas especializadas e interrupciones frecuentes en tratamientos en curso", afirmó Salazar. Silva agregó que el incremento de PQRS es alarmante, así como el gasto de bolsillo y las vidas que se pierden.
