El gobierno de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, está trabajando en un proyecto de ley que busca aplicar un impuesto específico a los vapeadores y cigarrillos electrónicos, equiparando su régimen tributario al del tabaco. La iniciativa, desarrollada en conjunto con el Ministerio de Salud, forma parte de una agenda regulatoria que se presentará tras la tramitación de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción.
Contexto de la medida
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó que se presentará una batería de proyectos con enfoque en materias regulatorias, como adaptabilidad laboral, 40 horas y reformas al mercado de capitales. Entre ellos, destaca la igualación tributaria de los vapeadores, que actualmente solo pagan IVA del 19%, mientras que los cigarros y el tabaco tienen impuestos específicos mucho más altos.
Régimen actual del tabaco
- Cigarros puros: impuesto específico de 52,6% sobre el precio de venta al consumidor.
- Tabaco elaborado: tributo específico de 59,7% sobre el precio de venta.
- Cigarrillos: impuesto específico por cada cigarrillo más un 30% sobre el precio de venta.
Hacienda buscaría que las tasas para vapeadores sean algo menores que las de los cigarros y el tabaco.
Declaraciones oficiales
Quiroz señaló ante la comisión de Hacienda del Senado: “En el vapeo, uno de los temas que estamos considerando incorporar eventualmente es una propuesta para igualar también el tema tributario e impedir que se vaya escapando la recaudación del tabaco hacia el sustituto”.
La medida responde a advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre posibles incumplimientos de metas de recaudación debido a la sustitución de consumo hacia cigarrillos electrónicos.
Fiscalización del SII
El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, entregó su primera cuenta pública destacando un aumento de más del 100% en acciones de control en terreno durante 2025, con más de 467.000 fiscalizaciones, 14.000 infracciones y 5.879 clausuras. También se realizaron 2.747 acciones en malls chinos, con 229 clausuras y 332 infracciones.
En grupos empresariales, la fiscalización aumentó 64,3%, y en altos patrimonios se controló a 780 contribuyentes, un 22,6% más que en 2024.
