Un fallo de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Miguel Efraín Polo, ha puesto al descubierto las deficiencias en los estudios de seguridad realizados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) en dos casos específicos. Se trata de un funcionario público y una defensora de derechos humanos que acudieron al alto tribunal para denunciar las fallas de la entidad al momento de otorgar sus esquemas de protección.
Reiteración de la Corte sobre estudios técnicos
El alto tribunal reiteró que las decisiones sobre protección no pueden limitarse a un análisis formal. Por el contrario, deben basarse en estudios técnicos, individualizados y actualizados que permitan comprender el nivel real de riesgo y las medidas necesarias para mitigarlo. Un esquema de seguridad de la UNP incluye camionetas blindadas 4x4, motocicletas, conductores y escoltas armados.
Primer caso: funcionario público amenazado
El primer caso corresponde a un funcionario público que denunció amenazas de un grupo armado y un ataque con arma de fuego contra su vivienda. Pese a la gravedad de los hechos, la UNP le asignó únicamente un chaleco blindado a través de un mecanismo de emergencia, lo que resultó insuficiente para garantizar su seguridad.
Segundo caso: defensora de derechos humanos
El segundo caso involucra a una defensora de derechos humanos que, a pesar de mantener una calificación de riesgo extraordinario, sufrió la reducción de su esquema de seguridad. Se eliminaron medidas como el vehículo y el personal adicional de protección, dejándola en una situación de vulnerabilidad.
Órdenes de la Corte Constitucional
En ambos casos, la Corte Constitucional se pronunció y ordenó realizar nuevos estudios de riesgo integrales, individualizados y debidamente motivados. La decisión busca que la UNP cumpla con su deber de proteger a quienes están en situación de riesgo, ajustándose a los lineamientos legales y constitucionales.
Este fallo sienta un precedente importante para que la UNP mejore sus procesos de evaluación de riesgo y garantice una protección efectiva a funcionarios públicos y defensores de derechos humanos en Colombia.
