La incertidumbre sobre miles de puestos de trabajo en Lili Pink, una de las mayores cadenas textiles del país, comenzó a despejarse tras el pronunciamiento oficial de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La entidad estatal asumirá la gestión de los bienes de la empresa luego de que la Fiscalía General de la Nación decretara medidas cautelares y extinción de dominio sobre más de 400 locales y activos vinculados a la marca.
¿Qué pasará con la administración de los activos y las tiendas?
Según el comunicado oficial de la SAE, una vez finalice la etapa técnica de incautación liderada por la Fiscalía, la organización adscrita al Ministerio de Hacienda tomará el control administrativo. “El plan de administración dependerá del diagnóstico integral que realice la entidad sobre el estado financiero, contable, contractual, laboral y la capacidad productiva de la marca”, informó la Sociedad de Activos Especiales.
Con esta nueva administración, se buscará mantener la operatividad de los puntos de venta para evitar el deterioro del patrimonio bajo custodia. La entidad enfocará sus esfuerzos en realizar un seguimiento detallado a la cadena de suministro y la comercialización, permitiendo que la marca mantenga su presencia en el mercado mientras avanzan las investigaciones judiciales.
Protección de los derechos laborales y supervisión de los entes de control
Uno de los puntos que más genera preocupación en el sector comercio es el bienestar de las familias que dependen de los ingresos de esta compañía. Ante esto, la SAE reveló que ya ha sostenido reuniones con delegados del Ministerio de Trabajo. El propósito de estos encuentros es evaluar las condiciones actuales de los empleados y diseñar acciones conjuntas que contribuyan a la garantía de sus derechos prestacionales y contractuales bajo la nueva administración estatal.
Para brindar tranquilidad y transparencia en el manejo de estos bienes, la entidad solicitó formalmente el acompañamiento y la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Esta vigilancia especial busca verificar el estado real de la sociedad y asegurar que cada movimiento administrativo se realice bajo principios de legalidad. La presencia de los organismos de control es una medida para mitigar riesgos y fortalecer la confianza de los ciudadanos en la gestión de los recursos incautados.
El proceso responde a investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, contrabando y lavado de activos, lo que obligó a una intervención técnica para proteger el patrimonio y la continuidad del negocio. La SAE realizará un diagnóstico integral para garantizar la sostenibilidad de la operación, mientras se protege el valor de los activos y la capacidad productiva de la compañía.
