El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, expresó su firme rechazo a los recientes hechos protagonizados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que anunció los resultados de un denominado 'juicio revolucionario' contra dos policías y dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En un comunicado emitido este 6 de mayo, Eljach calificó como 'infames' los secuestros de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, Rodrigo Antonio López Estrada, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza.
Posición del procurador
Eljach señaló que es 'absolutamente inaceptable la pretensión alevosa e ilegítima de este grupo, de someterlos a supuestos juicios revolucionarios y de prolongar arbitrariamente su cautiverio'. Añadió que ningún grupo armado ilegal ni estructura criminal puede arrogarse funciones de autoridad judicial, imponer condenas o disponer de la libertad y la dignidad de los colombianos. Asimismo, consideró que con estas acciones el ELN 'insulta a toda la sociedad colombiana' y destruye los puentes que las autoridades y la comunidad internacional han tendido para su reincorporación a la vida civil.
El procurador recordó que 'la paciencia está agotada' y que esos criminales 'solo merecen largas penas y repudio hasta cuando reparen todo el daño que le han causado a Colombia'. Subrayó que el secuestro es una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que no puede ser amnistiado y que no tiene justificación bajo ninguna circunstancia. Además, pidió a las autoridades agotar todos los recursos para enjuiciar a los responsables.
Rechazo internacional
La comunidad internacional también se pronunció en contra de estos hechos. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que advierte que 'la privación arbitraria de la libertad y la imposición arbitraria de penas constituyen graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo con el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra'. La ONU exigió al ELN la liberación inmediata de los funcionarios de la Fiscalía y la Policía, y recordó que ningún grupo armado no estatal puede privar de libertad o imponer sentencias.
Estos hechos han generado una ola de indignación en el país, y diversas organizaciones de derechos humanos han sumado sus voces al rechazo, pidiendo al Gobierno nacional tomar medidas firmes para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el respeto al Estado de derecho.
