Más de 1.200 personas quedaron atrapadas dentro del Ministerio del Interior mientras afuera se desarrollaban violentos choques. La indignación se desató tras la difusión de un video en redes sociales donde miembros de la comunidad indígena embera utilizan a menores de edad como escudos humanos durante enfrentamientos con la Fuerza Pública en Bogotá.
Uso de menores como escudos humanos
La grabación, que data del miércoles 29 de abril, muestra a un grupo de hombres indígenas usando niños menores de 10 años para conformar una ‘primera línea’ que impidió el uso de elementos de disuasión por parte de las autoridades. La escena provocó el rechazo del presidente Gustavo Petro y de Astrid Eliana Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), quienes activaron denuncias judiciales por instrumentalización de menores.
“Esto no lo admito. Los niños y las niñas son primero en la sociedad”, escribió el mandatario en redes sociales. La directora del Icbf aseguró que el Gobierno ya activó rutas legales para establecer responsabilidades: “De las peores formas de uso y utilización que puede hacer un adulto con un niño es un delito y ya hemos puesto la denuncia. No hay nada que lo justifique”.
Propuesta de refugio rechazada
Cáceres agregó que se ofrecieron condiciones de refugio y alimentación para apartar a los menores del lugar de tensión, pero la propuesta fue rechazada por los líderes de la movilización.
Contexto de la protesta embera
Detrás del episodio hay una protesta que venía creciendo desde hace dos semanas. Decenas de familias embera, incluyendo mujeres gestantes, niños y adolescentes, permanecen asentadas en un parque del occidente de Bogotá exigiendo respuestas del Estado frente a procesos de reubicación, atención humanitaria y garantías básicas para la niñez.
Aunque durante varios días hubo conversaciones con delegados oficiales, la relación se fracturó cuando los voceros indígenas decidieron levantarse de la mesa de concertación y trasladar la presión directamente a la sede del Ministerio del Interior. La decisión fue bloquear por completo los accesos del edificio, impidiendo la entrada y salida de funcionarios y visitantes.
1.200 personas retenidas
De acuerdo con el reporte del Ministerio del Interior, cerca de 1.200 ciudadanos permanecieron retenidos dentro de las instalaciones debido al cierre de puertas y accesos provocado por la manifestación. Servidores públicos denunciaron agresiones, empujones y amenazas durante varias horas, mientras en el exterior se intensificaban los gritos, el lanzamiento de objetos y los intentos de impedir cualquier intervención policial.
