El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín que le ordenó, como medida provisional, abstenerse de utilizar canales y escenarios asociados al ejercicio de su cargo para emitir mensajes de contenido electoral o influir en la campaña presidencial mientras se resuelve una acción de tutela en su contra.
Denuncia de censura
A través de una declaración pública, el mandatario aseguró que está siendo objeto de censura y cuestionó tanto la decisión judicial como el funcionamiento de las plataformas digitales. “Me censuran. Hemos descubierto también que las plataformas de redes, todas con propietarios gringos amigos del presidente Donald Trump, han modificado los algoritmos de tal manera que, si sale una foto mía o mi voz, la plataforma restringe la irradiación de esa información”, afirmó. Según Petro, estas acciones estarían limitando el alcance de sus mensajes y afectando su capacidad de comunicación con la ciudadanía.
Críticas a los jueces
El jefe de Estado también criticó a los jueces que han emitido decisiones relacionadas con sus intervenciones sobre el proceso electoral. “Está actuando en este momento, eso es callar a un presidente elegido por voto popular. Y le ayudan unos jueces que dicen que no tengo que hablar de tal cosa. El último dice que no puedo hablar de elecciones. No señor, quiero que mis abogados actúen de inmediato”, dijo. Además, defendió sus pronunciamientos sobre algunos sectores políticos y sostuvo que su deber es denunciar posibles irregularidades o hechos que considere delictivos.
Medida judicial
Las declaraciones se producen luego de que el juzgado admitiera una tutela presentada por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas y decretara una medida provisional ante la cercanía de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. En la decisión, el despacho ordenó al mandatario abstenerse de utilizar alocuciones oficiales, eventos públicos, escenarios nacionales e internacionales y la cuenta petrogustavo (en cuanto instrumento del ejercicio de la función pública) para difundir propaganda electoral o mensajes que favorezcan o perjudiquen a alguno de los candidatos.
Prohibición de afirmaciones sin evidencia
También le ordena abstenerse de divulgar afirmaciones sobre un eventual fraude electoral sin evidencia sólida y razonable. Para sustentar la medida, el juez señaló que existen publicaciones y pronunciamientos recientes del presidente que, a su juicio, contienen referencias directas e indirectas a la contienda presidencial, pese a una orden previa del Consejo de Estado que le había recordado las restricciones establecidas en la Ley de Garantías. Mientras se resuelve de fondo la tutela, la medida seguirá vigente.
