Una reforma que buscaba modificar varios aspectos del Estatuto del Consumidor terminó archivada en el Congreso de la República. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, celebró la decisión y aseguró que el proyecto de ley denominado "Compra informado, compra protegido" incluía disposiciones que podían afectar las garantías actualmente reconocidas a los consumidores, especialmente en materia de financiación de bienes y servicios.
Riesgos identificados por la SIC
La funcionaria afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) advirtió oportunamente al Congreso sobre los riesgos que identificó en la iniciativa. Según Rusinque, uno de los principales problemas era que, bajo el argumento de fortalecer la información sobre los créditos, el proyecto incorporaba costos asociados a operaciones de financiación utilizadas por millones de colombianos.
"El proyecto de ley 'Compra informado, compra protegido' fue archivado. Una iniciativa que, bajo la etiqueta de 'educación financiera', ocultaba un costo adicional asociado a los créditos que utilizan millones de colombianos, especialmente los más vulnerables", afirmó la superintendente a través de su cuenta en la red social X.
El debate detrás del proyecto
La discusión se volvió relevante porque la iniciativa no solo abordaba temas relacionados con créditos, sino que proponía una amplia reforma a la Ley 1480 de 2011, conocida como Estatuto del Consumidor, con cambios que iban desde nuevas obligaciones de información para financiaciones hasta reglas sobre reparabilidad de productos, protección de datos, publicidad ambiental y facultades de las autoridades de control.
Desde la SIC, la atención se concentró en los efectos que podría tener sobre quienes adquieren bienes y servicios financiados. Rusinque sostuvo que la entidad actuó para alertar sobre las posibles afectaciones a los derechos de los consumidores.
Los cambios que proponía la reforma
Aunque el debate público se centró en los créditos, el proyecto incluía un paquete amplio de modificaciones. Entre ellas se encontraba la creación de una figura denominada "carga anual equivalente", mediante la cual los consumidores debían recibir información sobre la totalidad de los costos y gastos asociados a una financiación. También planteaba reglas sobre el número de cuotas en créditos de consumo y establecía que ciertos cobros tecnológicos asociados a créditos digitales debían ser considerados como intereses.
La iniciativa además incorporaba un nuevo índice de reparabilidad para productos electrónicos y electrodomésticos. Este mecanismo buscaba medir qué tan fácil es reparar un equipo, teniendo en cuenta factores como la disponibilidad de repuestos, la facilidad de desmontaje y la existencia de documentación técnica para las reparaciones. El proyecto también proponía nuevas disposiciones sobre ventas atadas, publicidad ambiental engañosa y protección frente al perfilamiento de consumidores en procesos de peticiones, quejas, recursos y solicitudes de indemnización.
Posición de la SIC y respaldo recibido
La superintendente aseguró que la oposición de la entidad al proyecto estuvo acompañada por diferentes sectores. Explicó que expertos de las universidades del Rosario y Externado, así como la Confederación Colombiana de Consumidores, respaldaron la posición institucional que cuestionó la iniciativa durante su trámite legislativo.
"Nuestro llamado fue claro: no permitir que, al final de la legislatura, se debilitaran derechos conquistados para proteger a los ciudadanos frente a abusos y asimetrías en el mercado", señaló Rusinque. Así mismo, agregó que el archivo del proyecto demuestra la importancia de la vigilancia institucional y del debate técnico en temas relacionados con la protección de los consumidores.
Consecuencias del archivo
Con el hundimiento de la iniciativa, ninguna de las disposiciones planteadas entrará en vigencia. Esto significa que seguirán aplicándose las reglas actuales del Estatuto del Consumidor y que los cambios propuestos en materia de financiación, reparabilidad de productos, publicidad ambiental, ventas atadas y perfilamiento de consumidores quedarán por fuera del marco legal.
La discusión, sin embargo, deja abiertas varias conversaciones sobre la evolución de la protección al consumidor en Colombia. Mientras la SIC destaca que evitó posibles afectaciones a quienes utilizan créditos para financiar compras, el archivo también deja en pausa una serie de herramientas y obligaciones que buscaban actualizar distintos aspectos de la relación entre consumidores, empresas y autoridades de control.
