Como era de esperarse, dado el tamaño de la ilegalidad que se pretendía, el Consejo de Estado suspendió mediante una medida cautelar el polémico traslado exprés de ahorro pensional que el gobierno del presidente Petro intentó materializar justo en la etapa definitiva de las elecciones presidenciales. Aún no hay un fallo de fondo, pero no se necesita haber estudiado derecho para advertir que lo establecido en el decreto reglamentario no era un desarrollo, sino una negación de lo ordenado por el artículo 76 de la reforma pensional, el único vigente mientras la Corte Constitucional decide si esa ley es exequible.
El traslado exprés de $25 billones
En esencia, el Gobierno quería que en apenas un mes los fondos privados de pensiones liquidaran y le trasladaran unos 25 billones de pesos. Ese es el total del ahorro de las 120.000 personas que usaron la ‘ventana de oportunidad’ creada por la reforma y que permitió el salto de un sistema a otro por encima de las edades límite para el traslado (47 años en el caso de las mujeres y 52 años para los hombres). Esto, a pesar de que claramente la reforma dice lo siguiente: “Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo (la oportunidad de traslado) seguirán siendo administradas por las administradoras de fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior”.
Críticas del Ejecutivo a la medida cautelar
Entre las muchas críticas que ha hecho el Ejecutivo contra la medida cautelar, algunas malintencionadas, está la rapidez con la que se adoptó. Este reparo –que podría equipararse al de un ladrón que dice que es sospechoso que la policía lo hubiera atrapado muy rápido– omite que desde el 2011, precisamente para conjurar riesgos inminentes como el que presuponía el traslado exprés, la ley estableció la figura de la suspensión provisional de urgencia, destinada a atajar actos oficiales que son prima facie ilegales y que pueden generar daños irreversibles.
La pregunta de fondo
La pregunta de fondo no es por qué se le caen tantos actos jurídicos al gobierno Petro –lo que él atribuye al supuesto bloqueo institucional en su contra–, sino por qué de manera reiterada el Ejecutivo intenta imponer actuaciones abiertamente contrarias a la Constitución y a las leyes, incluso las promovidas por él mismo. La falta de idoneidad y preparación profesional, un mal endémico en esta administración, no parece ser la respuesta.
Antecedentes de actos ilegales
La fallida consulta popular a pesar del ‘no’ del Senado, la emergencia económica de diciembre, decretada sin ninguna razón sobreviniente, y ahora el traslado exprés que pretendió torcer a través de un decreto lo que estaba en una ley apuntan a una estrategia dirigida a aprovechar, con intereses no claros, la fugaz vigencia de actos que pese a no ser legales gozan de presunción de legalidad mientras se caen en el control de las cortes. Si no se trata de incompetencia jurídica, sino de mala fe, ya va siendo hora de que los órganos respectivos –Procuraduría, Fiscalía, Comisión de Acusación– vayan tomando nota.
