Bajo la consigna 'Turbaco libre de peajes', comités civiles, transportadores y líderes del municipio bolivarense han consolidado un pliego con cinco propuestas estructurales para garantizar el mantenimiento de la malla vial sin necesidad de reactivar las casetas de cobro, un detonante histórico de paros, bloqueos y choques con el Gobierno Nacional.
El persistente pulso social e institucional
El persistente pulso social e institucional por el control y la financiación de una de las principales arterias viales del norte de Bolívar ha entrado en una fase decisiva, esta vez, a partir de una iniciativa ciudadana. La iniciativa, impulsada bajo la bandera del movimiento social ‘Turbaco Unido’, busca poner fin a años de inestabilidad en la Troncal de Occidente. El debate ya no se limita a la simple resistencia civil; ahora se enfoca en un portafolio de alternativas fiscales y de cofinanciación que pretenden redefinir las reglas de juego de la concesión Ruta Caribe 2.
¿Cómo sostener las vías sin peajes?
El documento técnico presentado por los líderes locales plantea un cambio radical en la fuente de los recursos para operar las vías de la región, enfocando la financiación en sectores de alto impacto logístico y en la articulación regional. A continuación, se detallan las cinco propuestas:
1. Redistribución del recaudo regional
Proponen que el mantenimiento y operación tanto de la Troncal de Occidente como de la Vía de la Cordialidad se financien exclusivamente con el recaudo de dos casetas específicas: el Peaje de Gambote (Bolívar) y un peaje ubicado en el departamento del Atlántico.
2. Convenio interinstitucional
Plantean la creación de una alianza estratégica vinculante entre la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Turbaco, permitiendo destinar recursos directos de los presupuestos territoriales bajo un esquema de coordinación institucional permanente.
3. Reconfiguración de contraprestaciones portuarias
Exigen una modificación en la distribución de las contraprestaciones del sector portuario. La fórmula propuesta estipula que el 70% de estos recursos se destinen al Distrito de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, mientras que el 30% restante permanezca en manos del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS).
4. Implementación de una sobretasa portuaria
Plantean crear un gravamen del 1% sobre el Costo FOB de las mercancías que se movilizan por la zona portuaria, garantizando un flujo de capital sostenible, autónomo y justo para las vías que soportan la carga pesada.
5. Auditoría a fondo a Ruta Caribe 2
Una de las peticiones más álgidas es la ejecución inmediata de una auditoría forense a los dineros recaudados en las seis casetas de la concesión (Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Sabanagrande y Galapagar) durante el quinquenio comprendido entre las vigencias 2021 y 2025.
Resistencia civil histórica
La operación del peaje de Turbaco ha sido tradicionalmente catalogada por sus habitantes como un 'muro económico' que fragmenta la movilidad de la zona metropolitana de Cartagena, e impacta directamente a sus comunidades. Las comunidades argumentan que el cobro no solo encarece el costo de vida en un municipio que funciona como dormitorio y despensa de la capital departamental, sino que la concesión ya cumplió con creces su etapa de retorno financiero.
A lo largo de los últimos años, las casetas de Turbaco han sido escenario de masivas movilizaciones ciudadanas. Las mesas de concertación con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) han avanzado a paso lento entre suspensiones temporales del cobro y amenazas de reactivación, lo que mantiene al municipio en un estado de constante alerta social.
Presión técnica y legal
Con esta nueva propuesta de cinco puntos, la comunidad traslada la presión al plano técnico-legal. El mensaje enviado al Gobierno Nacional es que existen alternativas viables para mantener las vías en excelente estado sin golpear el bolsillo de la ciudadanía. La decisión final sobre si se adopta este nuevo modelo o si se mantiene el modelo convencional de concesiones está ahora en manos de las autoridades de transporte del país.
