Allanamiento a oficinas de CK Hutchison en Panamá tras perder concesiones portuarias
Funcionarios del Ministerio Público de Panamá ejecutaron un registro en las oficinas de Panamá Ports Company (PPC), subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison, según confirmaron reportes de medios locales este jueves. Esta acción se produce en el contexto de la decisión gubernamental de retirar las concesiones para operar dos terminales portuarias estratégicas ubicadas cerca del Canal de Panamá.
Nuevos operadores temporales para los puertos
El lunes anterior al allanamiento, el gobierno panameño aprobó formalmente dos contratos mediante los cuales APM Terminals Panamá, filial del gigante danés Maersk, y Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario del grupo MSC, asumirán temporalmente la operación de las terminales que anteriormente gestionaba PPC. Estos acuerdos tienen una vigencia máxima de 18 meses y buscan garantizar la continuidad operativa de las instalaciones.
La medida gubernamental se tomó apenas horas después de que se hiciera público el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucionales las concesiones otorgadas a PPC. La empresa hongkonesa había operado dichas terminales durante más de dos décadas en ambos extremos del Canal de Panamá, una vía marítima por la que transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial.
Contexto geopolítico y reacciones
La anulación de las concesiones en enero se enmarca dentro de la creciente rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por el control de rutas comerciales estratégicas a nivel global. Esta decisión judicial representa una victoria significativa para los intereses de Washington en la región.
El expresidente estadounidense Donald Trump había ejercido presión constante para limitar la influencia china en las operaciones del Canal de Panamá, considerando su importancia logística y comercial. Hasta el momento, CK Hutchison no ha emitido declaraciones oficiales en respuesta al allanamiento ni a la pérdida de las concesiones. Tampoco han respondido a solicitudes de comentarios la Presidencia de Panamá, la Autoridad Marítima del país (AMP) y el propio Ministerio Público.
Este caso evidencia la compleja intersección entre intereses comerciales, decisiones judiciales y dinámicas geopolíticas en infraestructuras críticas para el comercio internacional. La transición hacia los nuevos operadores temporales marca un capítulo significativo en la gestión de los puertos panameños, con implicaciones que trascienden las fronteras nacionales.
