Revocar la ciudadanía de una persona naturalizada en Estados Unidos es una medida muy inusual. Tanto, que entre 1990 y 2024 solo se ha “desnaturalizado” a unas 425 personas entre los cerca de 25 millones que optaron por convertirse en estadounidenses durante ese mismo periodo de tiempo. En otras palabras, en promedio, apenas unas 12 personas al año han perdido la nacionalidad, casi siempre tras largos procesos judiciales en los que el Gobierno logró demostrar fraude en la solicitud.
Sin embargo, tras su regreso, Trump ha venido creciendo la presión para elevar de manera dramática la cancelación de la ciudadanía. Esta semana, varios medios reportaron que el Departamento de Justicia ya ha identificado a 384 personas nacidas en el extranjero a las que busca retirarles la ciudadanía y ha dado la orden a fiscales en todo el país para que procedan. Según la propia Fiscalía, esa lista es apenas una cuota inicial dentro de una meta mucho más ambiciosa. La administración quiere escalar los casos hasta unas 200 desnaturalizaciones mensuales. Es decir, pasar de un promedio histórico de 12 al año a cerca de 2.400 por año fiscal.
Cambio de enfoque en los procesos de desnaturalización
El cambio no es solo de volumen, sino también de enfoque. Tradicionalmente, los procesos de desnaturalización eran manejados por un pequeño grupo de expertos dentro del Departamento de Justicia especializados en litigios migratorios. Ahora, la estrategia consiste en distribuir los casos entre fiscales civiles en al menos 39 oficinas regionales del país, ampliando así la capacidad del Gobierno para llevarlos a los tribunales. Funcionarios del Departamento de Justicia han descrito este esfuerzo como parte de una política deliberada para aumentar “al mayor volumen en la historia” las remisiones de casos desde el Departamento de Seguridad Nacional. En términos prácticos, eso implica convertir lo que era una práctica excepcional en una línea de trabajo regular en las fiscalías federales.
¿Cómo funciona el proceso de naturalización en Estados Unidos?
Para entender por qué esto representa un giro tan significativo, hay que mirar primero cómo funciona el proceso de naturalización en Estados Unidos. Convertirse en ciudadano es un trámite largo y exigente. En la mayoría de los casos, el aspirante debe haber sido residente permanente (tener la llamada green card) durante al menos cinco años, o tres si está casado con un ciudadano estadounidense. A eso se suma un proceso de verificación exhaustivo que incluye la toma de datos biométricos, la revisión de antecedentes penales, el historial migratorio, los vínculos políticos y las actividades pasadas. Los solicitantes deben además demostrar “buen carácter moral”, responder a cuestionarios detallados sobre su vida y aprobar exámenes de inglés y educación cívica. Solo después de superar todos esos filtros pueden jurar lealtad al país y convertirse en ciudadanos.
Precisamente por ese nivel de escrutinio, revertir la ciudadanía resulta difícil. La ley exige que el Gobierno pruebe ante un juez, con evidencia “clara, convincente e inequívoca”, que la persona obtuvo la naturalización de manera fraudulenta o mediante engaño deliberado. Históricamente, eso ha limitado los casos a situaciones muy específicas. Por ejemplo, matrimonios falsos para obtener papeles, ocultamiento de antecedentes penales o, en décadas pasadas, la persecución de individuos que habían cometido crímenes de guerra antes de emigrar a EE. UU.
Digitalización de huellas permite identificar casos de fraude
Sí ha habido casos de fraude. Un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de 2017 encontró que más de 800 personas habían logrado naturalizarse pese a haber sido deportadas previamente bajo otra identidad, un problema que salió a la luz tras la digitalización de antiguas huellas dactilares. Pero aun con esos antecedentes, la desnaturalización siguió siendo rara. Lo que preocupa ahora a expertos y abogados es que el nuevo impulso no solo busca aumentar la cantidad de casos, sino también ampliar los criterios con los que pueden iniciarse.
¿Quiénes podrían ser nuevo blanco de desnaturalización en EE. UU.?
Un memorando del Departamento de Justicia emitido el año pasado añadió nuevas categorías de personas que podrían ser objeto de desnaturalización, incluyendo individuos con supuestos vínculos con terrorismo, pandillas o carteles. Aunque esas categorías ya están contempladas en la ley, especialistas advierten que su interpretación puede ser más amplia y, en algunos casos, basarse en evidencia menos sólida. “El mensaje que se envía es que los ciudadanos naturalizados no tienen los mismos derechos y estabilidad que los nacidos en EE. UU.”, dice Amanda Frost, profesora de derecho en la Universidad de Virginia. Según Frost, el uso más agresivo de esta herramienta podría generar un efecto disuasivo y generar miedo entre las comunidades inmigrantes.
Otros expertos van más allá. Lucas Guttentag, exfuncionario del propio Departamento de Justicia, ha advertido que una campaña masiva de desnaturalización podría “distorsionar la ley” y socavar principios básicos de la ciudadanía estadounidense que llevan décadas consolidados. La preocupación central es que, al ampliar los criterios y acelerar los procesos, se cree una categoría de ciudadanos más vulnerables, cuya nacionalidad podría ser cuestionada en cualquier momento.
Las dudas sobre mantenerse legal en Estados Unidos siendo extranjero
También hay inquietudes prácticas. Los propios funcionarios del Departamento de Justicia han reconocido que muchas oficinas ya están sobrecargadas de litigios migratorios, incluidas las demandas de inmigrantes contra su detención. Asignarles cientos de nuevos casos de desnaturalización podría desviar recursos de otras áreas, como el fraude en salud, los derechos civiles o la corrupción. Desde la administración Trump, sin embargo, defienden la medida como una aplicación estricta de la ley. “El Departamento de Justicia está enfocado en erradicar a extranjeros criminales que han defraudado el proceso de naturalización”, dijo un portavoz oficial. Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson insistió en que “el fraude en la obtención de la ciudadanía es un delito grave” y que cualquier persona que haya obtenido ese estatus mediante engaño debe rendir cuentas.
¿Adiós a la estabilidad de residir en EE. UU.?
Funcionarios también han rechazado la idea de que se trate de una iniciativa política, argumentando que la desnaturalización está contemplada en la legislación federal desde hace décadas y que el Gobierno simplemente está aplicando herramientas existentes. En la práctica, sin embargo, el giro es evidente. Lo que durante décadas fue una herramienta excepcional, reservada para casos extremos, está en camino de convertirse en un instrumento mucho más frecuente en la política migratoria de EE. UU. Y eso ocurre en un contexto más amplio en el que la administración Trump ha endurecido su postura frente a la inmigración en general, desde la reducción de las vías legales de entrada hasta el aumento de las deportaciones.
Para millones de ciudadanos naturalizados, más de 800.000 solo en 2024, el cambio no es menor porque, aunque la ley sigue exigiendo pruebas contundentes para retirar la ciudadanía, el simple hecho de que el Gobierno busque hacerlo con mucha mayor frecuencia ya está alterando la percepción de estabilidad que tradicionalmente ha acompañado ese estatus.
