La administración de Donald Trump está intensificando su ofensiva contra los 'dreamers', los jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que se acogieron al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado durante el gobierno de Barack Obama. Este programa otorgaba permisos renovables de permanencia y protección contra la deportación. Sin embargo, bajo el liderazgo republicano, se están implementando cambios y retrasos que están dejando en una situación de vulnerabilidad a aproximadamente medio millón de personas, incluyendo a miles de colombianos.
Medidas restrictivas contra DACA
En su primer mandato, Trump ya había mostrado su intención de eliminar el programa, pero el Tribunal Supremo se lo impidió. Ahora, tras regresar a la Casa Blanca, ha dado pasos concretos: ha eliminado el acceso a la cobertura médica para los beneficiarios de DACA y también ha suprimido las ayudas para el acceso a la educación. Además, los retrasos en el proceso de renovación por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración han provocado que muchos hayan perdido sus permisos de trabajo y, en consecuencia, sus empleos.
Impacto en la comunidad colombiana
Según datos de septiembre de 2025, citados por el Instituto de Política Migratoria, 2.810 colombianos eran beneficiarios activos de DACA. Para finales de marzo de ese mismo año, las cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos indicaban que 2.960 connacionales estaban registrados en el programa. Se estima que en los últimos años, entre 3.000 y 3.500 jóvenes colombianos han estado amparados bajo este programa. Aunque los números son mayores para países como México, Honduras, El Salvador y Guatemala, todos los inscritos en DACA están siendo presionados por el Gobierno estadounidense mediante el endurecimiento de sus condiciones de vida, con el objetivo eventual de forzarlos a salir del país.
Precedente judicial alarmante
Una de las señales más claras de esta estrategia es la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, adscrita al Departamento de Justicia, que determinó que un juez migratorio cometió un error al invocar el estatus de DACA de Catalina Santiago como razón suficiente para cerrar su proceso de deportación. Esto significa que el programa por sí solo ya no es un argumento válido para impedir una expulsión, estableciendo un precedente que preocupa a muchos. Santiago, quien llegó a Estados Unidos siendo niña con su familia de origen mexicano y ha vivido allí durante 20 años, es activista en favor de los migrantes y está casada con un ciudadano estadounidense. Fue detenida el año pasado en Texas cuando aún tenía vigente su DACA, mientras se dirigía a un viaje de trabajo para la organización sin fines de lucro La Mujer Obrera.
Aumento de arrestos y deportaciones
Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), confirmó en una carta revisada por el medio británico The Guardian que, entre enero y septiembre de 2025, Washington deportó a 174 personas que estaban renovando su protección contra la deportación bajo DACA. La misiva también indicó que 270 beneficiarios del programa fueron arrestados durante ese mismo período. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional informó que, entre finales de septiembre y mediados de noviembre de 2025, 73 beneficiarios adicionales de DACA fueron arrestados por ICE, elevando a 343 el número total de beneficiarios detenidos a lo largo de casi todo el año pasado.
La situación actual refleja un endurecimiento significativo de las políticas migratorias de la administración Trump, que afecta directamente a los 'dreamers' y pone en riesgo la estabilidad de miles de familias inmigrantes, incluyendo a la comunidad colombiana en Estados Unidos.
