El Gobierno venezolano, encabezado por la presidenta Delcy Rodríguez, confirmó su participación en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) programadas para el próximo 4 de mayo. Sin embargo, en un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, dejó claro que su asistencia no implica el reconocimiento de la autoridad del tribunal ni la validez de sus futuras decisiones.
Venezuela expondrá su postura sin aceptar jurisdicción
“Venezuela acude a estas audiencias solo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, afirmó Gil. La administración venezolana criticó que el proceso fue iniciado de manera unilateral por Guyana, país que actualmente administra la zona en disputa, y subrayó que su comparecencia “no implica, en modo alguno, su consentimiento ni el reconocimiento a dicha jurisdicción”.
El Acuerdo de Ginebra como vía de solución
El Ejecutivo venezolano insistió en que la “única solución posible” para la controversia territorial se encuentra en el Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento jurídico que Caracas considera válido para alcanzar un arreglo mutuamente aceptable. Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, un territorio de al menos 160.000 kilómetros cuadrados rico en yacimientos minerales, se remontan al Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía a la entonces Guyana Británica. Venezuela declaró nulo ese fallo y posteriormente suscribió el Acuerdo de Ginebra con el Reino Unido.
La participación de Venezuela en la CIJ se produce en medio de tensiones diplomáticas y expectativas internacionales sobre el futuro de la región. Mientras tanto, bonistas venezolanos discuten con Estados Unidos un posible papel en la recuperación económica del país, según reportes de Bloomberg.
