Tras la incursión militar del 3 de enero de 2026, conocida como Operación Resolución Absoluta, la esperanza de que la salida de Nicolás Maduro trajera una restauración democrática inmediata se ha desvanecido. El aparato estatal permanece esencialmente intacto, demostrando que un cambio de rostro no equivale a un cambio de sistema.
Una intervención con pretextos cuestionables
La operación se justificó en la lucha contra el narcoterrorismo, con el fentanilo declarado como arma de destrucción masiva. Sin embargo, un informe de la Government Accountability Office de diciembre de 2025 concluyó que los cárteles mexicanos, no los venezolanos, son los principales responsables del flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos. Las acusaciones contra Maduro ni siquiera mencionan el fentanilo.
La posesión de Delcy Rodríguez como presidenta interina el 5 de enero abrió una etapa de transición supervisada por Washington, que optó por colaborar con figuras clave del chavismo para preservar la estabilidad y asegurar el acceso a los recursos energéticos. Rodríguez fue retirada de la Lista Clinton y elogiada públicamente por el presidente de Estados Unidos como una “persona fantástica”, a pesar de su historial de control sobre el SEBIN y su conocimiento de detenciones arbitrarias y torturas.
El aparato represivo sigue operando
Human Rights Watch advirtió en febrero que “el aparato represivo permanece intacto” y exigió reformas reales para evitar una “falsa transición”. La Ley de Amnistía del 19 de febrero de 2026 permitió la liberación de 621 presos políticos, pero la maquinaria legal y los sistemas de vigilancia masiva continúan operando.
La oposición tradicional ha quedado relegada. María Corina Machado declaró que “la hora de la libertad ha llegado”, pero Trump puso en duda su capacidad para liderar. El calendario electoral es incierto: mientras amplios sectores piden elecciones en menos de un año, el círculo de Rodríguez prioriza la recuperación económica sobre la legitimidad electoral.
Intereses petroleros como motor real
El control de los recursos energéticos de Venezuela fue un objetivo estratégico de la intervención. Trump admitió que el acceso al petróleo fue una motivación central. El 20 de enero, el gobierno interino confirmó la recepción de 300 millones de dólares de un acuerdo de suministro con Estados Unidos. Posteriormente, Rodríguez promulgó una reforma a la ley de hidrocarburos que permite a empresas privadas y extranjeras controlar la producción, desmontando el modelo estatal de Chávez.
Sin embargo, las cifras oficiales contrastan con la realidad. Trump afirmó que Estados Unidos había recibido más de 80 millones de barriles de crudo, pero los registros de seguimiento marítimo muestran volúmenes mucho menores. La nueva arquitectura petrolera no es una alianza empresarial normal, sino un esquema de acceso condicionado por la obediencia a Washington.
Hacia febrero, el secretario de Energía Chris Wright reportó ventas superiores a 1.000 millones de dólares, con proyecciones de 5.000 millones. No obstante, una parte sustancial de esos ingresos se deposita en cuentas supervisadas por el Tesoro de Estados Unidos y en fondos en Qatar, destinados a ayuda humanitaria y a reembolsar los costos de la operación. La riqueza petrolera de Venezuela se administra donde los venezolanos no tienen voz.
Juicios selectivos
El proceso contra Maduro en Nueva York se centra en narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, no en los crímenes contra la población venezolana. El juicio prolonga la intervención por medios judiciales, traduciendo la lógica de seguridad nacional en términos penales. La justicia argentina ha solicitado su extradición por crímenes de lesa humanidad, pero es poco probable que prospere mientras Washington mantenga el control jurisdiccional.
Una transición que no llega
Trump ha insinuado que Cuba podría ser el próximo objetivo, y la guerra con Irán ha desviado la atención. Lo que ha emergido no es una agenda democrática, sino un ejercicio clásico de dominación hemisférica revestido de lucha contra el terrorismo. En Venezuela no hay democracia en transición, sino una cleptocracia supervisada con el sello de aprobación de Washington. Los venezolanos que esperaban una liberación siguen esperando.
