La confrontación política por la propiedad de la tierra en Colombia alcanzó un nuevo pico de tensión. El presidente Gustavo Petro lanzó una dura arremetida contra la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, tras conocerse un informe de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que califica como “baldío de la nación” un predio ocupado por familiares de la congresista en el departamento del Vichada.
El mandatario no solo cuestionó la legalidad de la ocupación, sino que vinculó directamente la acumulación de tierras por parte de élites económicas con la persistencia del conflicto armado y el desplazamiento forzado en el país. El detonante fue el caso de la finca Buenavista, un terreno de más de 6.180 hectáreas en el municipio de La Primavera, que la ANT reclama como propiedad estatal.
El fallo de la ANT que encendió la polémica
La disputa jurídica por la finca Buenavista se remonta a 2014. Según la ANT, el proceso de clarificación de la propiedad concluyó que el terreno es un baldío indebidamente ocupado por Nicolás Laserna, primo de Valencia, y el exrepresentante Gustavo Londoño García. Aunque un juzgado de Puerto Carreño falló inicialmente a favor de los particulares en 2017, la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Villavicencio respaldaron la posición del Estado.
El director de la Agencia Nacional de Tierras confirmó que, tras años de estudios técnicos y visitas de campo, el predio debe ser recuperado para su adjudicación prioritaria a comunidades étnicas o campesinos sin tierra. Ante esto, la senadora Valencia ha sostenido que la propiedad tiene una naturaleza privada, a pesar de que los actuales ocupantes habrían manifestado su disposición de devolver el terreno de forma voluntaria.
Petro vincula la propiedad rural con el paramilitarismo
A través de un contundente mensaje, el jefe de Estado elevó el tono de la discusión, transformando un litigio administrativo en un debate sobre la ética del poder y la violencia histórica en Colombia. Para Petro, la defensa de estos predios por parte de figuras públicas resulta inaceptable bajo el marco legal vigente.
“Ningún presidente de la República puede defender que su familia se quede con los baldíos de la nación. Por ley, los baldíos de la nación o son para la nación o son para el campesinado. Todo el desarrollo de la historia donde los terratenientes se quedan con las tierras que no les pertenecen, es el desarrollo de la violencia también”, sentenció el mandatario.
El presidente fue más allá al señalar que la apropiación de baldíos es el combustible de las estructuras criminales: “Defender la apropiación ilegal de la tierra en Colombia por los grandes hacendados es defender la violencia y el desplazamiento de millones de personas y defender el papel que el paramilitarismo tuvo en el narcotráfico y el colapso humanitario de Colombia”, añadió.
Este nuevo choque ocurre en un momento crítico para la Reforma Agraria, bandera principal del Gobierno Nacional. Mientras la Casa de Nariño busca acelerar la titulación de tierras para cumplir con el primer punto del Acuerdo de Paz, la oposición, liderada en este tema por Valencia, cuestiona los métodos de la ANT y defiende la seguridad jurídica de los propietarios rurales.
