El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, se desplazó hasta Caucasia, Antioquia, para verificar las denuncias sobre una presunta explotación minera ilegal del Clan del Golfo dentro del Batallón Rifles. Tras una inspección en terreno, desmintió categóricamente que exista minería ilegal dentro de la unidad militar, pero destapó un grave daño ambiental en los alrededores.
Inspección oficial en el Batallón Rifles
Ante las versiones que señalaban que el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, controlaba la extracción ilícita de yacimientos mineros dentro del batallón ubicado entre Caucasia y Cáceres, el Gobierno realizó una visita con autoridades militares, civiles y técnicas. El ministro Sánchez explicó que el objetivo era garantizar transparencia y dar respuestas basadas en evidencia.
Luego de la verificación, confirmó que dentro del Batallón Rifles no existe explotación minera del EGC. Sin embargo, el panorama en los terrenos contiguos encendió las alarmas.
Grave daño ambiental en el Bajo Cauca
Las autoridades encontraron que en predios aledaños, aunque fuera de la unidad militar, se adelanta extracción de oro por parte de mineros artesanales, algunos asociados a La Mandinga. Estos terrenos son administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Durante el recorrido se evidenció que el uso de maquinaria amarilla está generando una grave afectación ambiental sobre el ecosistema, situación que ya es revisada por las autoridades competentes.
Además, se detectó una discrepancia entre los linderos registrados en Catastro y los definidos en las escrituras públicas del Batallón Rifles, lo que será objeto de una revisión jurídica y técnica.
Medidas del Gobierno
El ministro recordó que la actuación de la Fuerza Pública frente a la minería ilegal debe regirse por la Constitución y la ley, bajo principios de legalidad, proporcionalidad y protección civil. En el Bajo Cauca confluyen economías de subsistencia, estructuras criminales y problemáticas sociales históricas, por lo que el uso de la fuerza debe ser diferenciado.
El Gobierno anunció medidas inmediatas: una misión de trabajo de la Inspección del Ejército, verificación jurídica y técnica de los linderos, fortalecimiento del control operacional con incautación y destrucción de maquinaria, judicialización de responsables y mayor coordinación interinstitucional. También se iniciará un diálogo con líderes de La Mandinga para frenar la minería no artesanal y se implementará una estrategia integral con enfoque social, económico, legal y de seguridad.
