Un procedimiento realizado a principios de abril en el parque Bolívar, en el centro de Medellín, ha generado controversia luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se observa a un gestor de convivencia golpeando a un ciudadano de origen venezolano con un bolillo. El hecho, que ocurrió durante una intervención por presunto consumo de sustancias psicoactivas y desorden en el espacio público, ha sido defendido por la administración distrital, pero también ha motivado investigaciones disciplinarias y un llamado del Gobierno Nacional para suspender la participación de estos gestores en operativos policiales.
Los hechos en el parque Bolívar
El video, que se viralizó rápidamente, muestra a un gestor de convivencia enfrentándose a un hombre, a quien golpea repetidamente con un bolillo. Posteriormente, un uniformado interviene y el ciudadano termina reducido en el suelo. La Secretaría de Seguridad de Medellín, encabezada por Manuel Villa, aseguró que las acciones estaban respaldadas, pues el grupo habría insultado y agredido previamente a los gestores. Sin embargo, las imágenes generaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y el rol de estos funcionarios.
Investigaciones en curso
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía de Medellín y de la Policía, mientras que la Personería Distrital adelanta una investigación disciplinaria para determinar si hubo faltas en el procedimiento. Estos organismos buscan esclarecer si los gestores excedieron sus funciones, que son estrictamente pedagógicas y de promoción de cultura ciudadana, sin facultades para ejercer autoridad o acciones represivas.
Gobierno pide suspender a gestores en operativos
Mauricio Urquijo, director de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación, solicitó durante una sesión del consejo directivo de la Institución Universitaria Pascual Bravo la suspensión inmediata de la participación de los gestores de convivencia en operativos de la fuerza pública. Urquijo señaló que estos gestores son personal civil contratado a través de la Fundación Pascual Bravo, con el contrato 5498 de 2025 por COP 6.400 millones, para labores pedagógicas, y no tienen competencia para realizar inspecciones corporales, acompañamiento operativo represivo ni ejercicios de autoridad.
“No puede haber ningún tipo de actividad que tenga que ver con inspecciones corporales, acompañamiento operativo represivo ni ejercicios de autoridad. Son ilegales, y por eso solicitamos que se suspenda de manera inmediata cualquier acompañamiento a operativos de la fuerza pública”, afirmó Urquijo.
Llamado a la ciudadanía
El funcionario también instó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación en la que los gestores excedan sus funciones o vulneren derechos. Este caso se suma a otro registrado en octubre del año pasado, que también generó cuestionamientos sobre el modelo de gestores de seguridad en Medellín.
