Víctimas de las FARC exigen detención de senadora Sandra Ramírez ante la JEP
La Federación de Víctimas de las FARC (Fevcol) ha enviado una carta formal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitando la aceleración de la citación y la imposición de una medida cautelar de detención intramural contra la senadora Sandra Ramírez, actual vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Esta petición surge en medio de denuncias de amenazas contra testigos clave del proceso, presuntamente perpetradas por integrantes de la Segunda Marquetalia, disidencias de las antiguas FARC.
Gravedad de los cargos y riesgos para el proceso judicial
Las víctimas, representadas por Fevcol, advierten sobre la presunta responsabilidad de Ramírez en crímenes graves durante su pertenencia a la guerrilla entre 1981 y 2016, incluyendo violencia sexual y reclutamiento de menores. En la carta dirigida a la magistrada Lily Andrea Rueda, quien evaluará el macrocaso 07, se argumenta que estas conductas comprometen directamente su rol en la estructura de mando y exigen su comparecencia efectiva para garantizar los derechos a la verdad, justicia y no repetición.
Sebastián Velásquez, presidente de Fevcol, enfatizó: "Solicitamos la imposición de la medida cautelar de privación de la libertad intramural, ante la existencia de hechos graves que comprometen la integridad del proceso judicial y la seguridad de las víctimas que hoy se encuentran acreditadas, declarando en contra de ella". Además, se alerta que, sin decisiones de fondo, las víctimas podrían sufrir presiones indebidas, afectando la legitimidad del proceso y la recolección de pruebas.
Amenazas a testigos y presión sobre la JEP
Testigos clave, como Deisy Guanaro, han denunciado amenazas directas atribuidas a miembros de la Segunda Marquetalia, lo que añade presión sobre la JEP para actuar con celeridad. Guanaro declaró: "Ante la cantidad de amenazas que he recibido, mis abogados han solicitado ante la JEP una medida cautelar para que esta señora sea privada de la libertad ante el riesgo inminente de las víctimas que hemos denunciado a la hoy senadora".
Este caso subraya los desafíos persistentes en la implementación del proceso de paz, donde la seguridad de las víctimas y la efectividad de la justicia transicional están en juego. La respuesta de la JEP será crucial para determinar el curso de las investigaciones y la protección de quienes buscan justicia en medio de un entorno aún marcado por la violencia.
