La Defensoría del Pueblo presentó un informe alarmante sobre la violencia contra líderes y lideresas sociales en Colombia. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, la entidad registró 67 homicidios confirmados, de los cuales 55 corresponden a hombres y 12 a mujeres, según detalló el organismo.
Abril, el mes más letal para los líderes sociales
El reporte, liderado por la defensora del Pueblo, Iris Marín, indica que abril fue el mes con mayor número de asesinatos, con 16 casos. Le sigue febrero con 14, enero y mayo con 13 cada uno, y marzo con 7. Estas cifras reflejan una persistente crisis de seguridad para quienes defienden derechos humanos en el país.
Departamentos con más homicidios
Los departamentos donde se concentraron la mayoría de los crímenes son Cauca, Antioquia, Arauca, Valle del Cauca y Norte de Santander. Estas regiones han sido históricamente afectadas por conflictos armados y presencia de grupos ilegales.
Además, la Defensoría reportó el asesinato de tres firmantes de paz entre enero y mayo: dos en febrero y uno en marzo, ocurridos en Caquetá, Cauca y Huila.
Masacres y víctimas múltiples
En el mismo período, se registraron 58 masacres que dejaron 238 víctimas. Los departamentos más afectados por estos hechos son Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño. La Defensoría señaló: “En Colombia, los líderes y lideresas sociales están expuestos a constantes ataques que debilitan su trabajo en los territorios. La defensa de los derechos humanos y el territorio no puede seguir costando vidas”.
Cifras históricas y patrón estructural
Desde enero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2026, Colombia acumula 1.699 homicidios de líderes sociales. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que abarca del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025, documentó 410 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, lo que consolida un patrón estructural y un fenómeno extendido en todo el país.
Del total de víctimas en ese periodo, 354 eran hombres, 49 mujeres y siete personas LGBTIQ+ (cuatro mujeres trans, dos hombres gay y una persona no binaria). El impacto recae desproporcionadamente en poblaciones rurales y étnicas: 171 víctimas eran campesinas, 94 indígenas y 43 afrodescendientes, evidenciando la relación entre violencia y territorios con disputas armadas y limitada presencia estatal.
Responsabilidad de grupos armados
La ONU insiste en que la violencia responde a dinámicas estructurales que persisten en zonas rurales, aunque se han extendido a entornos urbanos y periurbanos. El informe identifica patrones repetidos y señala que el 73 % de los homicidios podría atribuirse a grupos como el Eln, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, entre otros.
