Pocos días después de que el Ministerio de Educación anunciara la apertura de un proceso de vigilancia especial a la Universidad de Medellín, se siguen conociendo detalles de la medida administrativa. La entidad del Gobierno nacional explicó que la acción busca recuperar el gobierno institucional, pues identificó que la Consiliatura, su máxima instancia directiva, actualmente solo está conformada por 6 de 11 miembros.
Problemas en la toma de decisiones
Desde el Ministerio advirtieron que este panorama dificulta la toma de decisiones en la universidad, porque muchos de sus asuntos estratégicos dependen de ese órgano y hoy no cuenta con la integración necesaria para ejercer plenamente sus funciones. “A este panorama se suman procesos judiciales relacionados con decisiones adoptadas por los órganos de gobierno de la Universidad, lo que hace aún más urgente recuperar la capacidad institucional para responder de manera oportuna a los retos administrativos y académicos”, señaló la entidad.
Nombramiento de inspectora in situ
Para lograr la ocupación de todos los espacios disponibles en esta instancia, las autoridades nombraron como inspectora in situ a Diana Lucía Barrios Barrero, encargada de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas. Barrios es abogada, especialista en Derecho Comercial y en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, además de magíster en Derecho Público. Antes de llegar en 2015 al Ministerio de Educación, trabajó en la Secretaría de Educación de Bogotá, el Ministerio del Trabajo y la Personería Distrital de Bogotá, acumulando experiencia en asuntos jurídicos y administrativos.
Medidas preventivas
El Ministerio recordó que las decisiones recientemente adoptadas son de carácter preventivo y no constituyen una intervención administrativa del plantel o afectaciones a los procesos académicos de los diferentes programas que oferta. La vigilancia especial busca restablecer la capacidad de gobierno de la universidad sin interferir en su funcionamiento académico cotidiano.
